En la primera sesión ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del Segundo Año de Ejercicio legal de la 66 Legislatura, el Pleno del Congreso local aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforma el primer párrafo del inciso a de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión, que remitió la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Al hablar a favor de la obvia resolución, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia indicó que en el primer semestre de 2025 se registraron 5 mil 887 víctimas de extorsión en México que simbólica un incremento del 83% en los últimos 10 años, situación que vislumbra la necesidad de expedir una Ley General en la materia. La legisladora comentó que la extorsión ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en un problema estructural que afecta a comerciantes, empresarios y familias, por lo que la reforma es un paso crucial para que el Congreso de la Unión tenga la facultad de expedir una ley general que unifique criterios, tipifique agravantes y sanciones y establezca mecanismos de atención efectiva. Concluyó diciendo que la inseguridad se resuelve con instituciones fuertes y leyes bien hechas y que cuando llegue la propuesta se respete la soberanía de las entidades y no se utilice para concentrar más poder en el oficialismo. Hicieron uso de la tribuna para pronunciarse a favor, los diputados Juan Carlos Romero Hicks, Alejandro Arias Ávila y Rodrigo González Zaragoza. El diputado Juan Carlos Romero Hicks externó que la extorsión es una de las conductas delictivas que más atentan contra la tranquilidad, la libertad y la dignidad de la persona, además de inhibir la inversión, paralizar actividades económicas y se siembra un clima de miedo. Agregó que los grupos delictivos han encontrado en dicho delito un mecanismo sistemático de control social y económico que afecta a todo el territorio nacional, junto a que la extorsión en todas sus formas es un síntoma de un Estado que ha dejado de proteger a la ciudadanía y donde las instituciones no están haciendo lo necesario para evitar la conducta delictiva. Finalmente, mencionó que la reforma por parte de la presidencia de la República se centra en facultar al Congreso de la Unión para crear modificaciones para la creación de una Ley General de Extorsión, donde se espera un acompañamiento por parte de los congresos locales con recomendaciones y opiniones. Por su parte, el congresista Alejandro Arias Ávila respaldó la propuesta al indicar que el país ha ido perdiendo terreno ante la criminalidad, y que la proliferación de la corrupción, el tráfico de influencias y la decadencia del Estado de Derecho han permitido el crecimiento de conductas delictivas y el imperio de la impunidad, como en el caso de las extorsiones. Remarcó que las cifras eran alarmantes y que la cifra negra respecto al delito de extorsión ha alcanzado un 97%, según ENVIPE 2024, lo que significa que casi todos los casos no se denuncian, quedando impunes. “Consideramos que es urgente tomar acciones legislativas en esta materia, otorgando un voto de confianza al orden federal, para que en su momento expida una legislación general que atienda de manera integral las causas y consecuencias de estos crímenes”, enfatizó Arias Ávila. Agregó que, para combatir la extorsión, el camino hacia una solución efectiva era complejo y requería de un enfoque integral que aborde tanto la seguridad como las condiciones sociales y económicas que alimentan ese problema. En ese sentido, comentó que, la educación, la promoción de la denuncia y el fortalecimiento del sistema judicial son elementos cruciales para erradicar la extorsión y restaurar la confianza en las instituciones. Finalmente, señaló que la aprobación de esa reforma es un paso crucial para fortalecer la seguridad y proteger a los ciudadanos. En su intervención, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor señaló que la reforma en cuestión busca contar con una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía al llevarse a cabo la conducta delictiva de extorsión, misma que reconoce la acción como un delito de alto impacto cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los órdenes de gobierno. También expresó que en Guanajuato el delito de extorsión ha tenido un incremento preocupante en los últimos años, toda vez que en el 2015 apenas se registraron 10 víctimas por dicho delito y para el 2024 se reportaron 1,222 casos, que posiciona a la entidad dentro de la lista de estados con mayor reincidencia en el rubro. Finalmente, el legislador indicó que se tiene coincidencia con la iniciativa realizada desde la presidencia de la República para combatir la extorsión y las modalidades por las cuales se comentó y que era una necesidad que no se puede postergar, realidad que será posible a través de investigaciones y herramientas eficaces y bajo los principios de coordinación y colaboración institucional. En la última participación, el diputado Rodrigo González Zaragoza argumentó que el delito de la extorsión lacera, vulnera los derechos individuales, colectivos de sociedades enteras, y era su labor como legisladores darles las herramientas a los cuerpos de seguridad para que hagan lo propio, con inteligencia y nuevas herramientas puedan abatir ese tipo de delincuencia. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H Para concluir, se pronunció porque el combate al crimen se haga de manera efectiva, de frente y que la pacificación de México y Guanajuato se vaya dando de manera coordinada.