En atención a una denuncia por contaminación en el cauce del río Atoyac, debido a la instalación de un tiradero a cielo abierto cerca de la Central de Abasto de la ciudad de Oaxaca, personal de Profepa se presentó a realizar una visita de inspección, pero fue acorralado y amenazado por parte de operadores de camiones de basura. Por tal motivo, los inspectores tuvieron que retirarse para salvaguardar su integridad física y evitar una posible agresión, no sin antes levantar el acta circunstanciada correspondiente. En un breve comunicado de prensa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), presentó la denuncia correspondiente por posibles hechos constitutivos de delito, y anunció que coadyuvará con la Fiscalía General de la República (FGR), en la integración de la carpeta de investigación. En tanto, convocó a una reunión de trabajo con la Conagua, la Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, y el Ayuntamiento de Oaxaca con el objeto de establecer soluciones a la problemática. En la reunión con los tres órdenes de gobierno se acordó la instalación de una mesa técnica para ubicar inmediatamente un lugar que cumpla con las características necesarias para la transferencia de los residuos ubicados actualmente en el río Atoyac. El pasado 31 de agosto, Excélsior publicó que el río Atoyac es la letrina de 56 municipios de Oaxaca con impacto para alrededor de un millón de habitantes. Destacó que desde hace más de 40 años, el afluente es un inmenso vertedero de aguas negras, desechos de origen agrícola, comercial, animal y doméstico, así como de residuos de la construcción y cascajo. Reveló que desde hace cuatro años, el Poder Judicial de la Federación, concedió un amparo que obliga a los tres órdenes de gobierno a sanear el río Atoyac. Carlos Morales Sánchez, presidente de la Asociación Civil Litigio Estratégico Indígena, explicó que además en 2020, la CNDH emitió una recomendación por violaciones a los derechos humanos en el saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, consagrado en el artículo cuarto constitucional. Detalló que aunque todavía no se cumple con el mandamiento judicial y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), este caso ya representa un parteaguas en la defensa de los recursos naturales en México, porque tarde o temprano las autoridades federales, estatales y municipales tendrán que responder por la contaminación en el río Atoyac. --

Con información de Excélsior