Pese a lo delicado que resulta un paro de labores entre jueces, ministros y magistrados, el presidente Andrés Manuel López Obrador no cederá ni un ápice. La Reforma al Poder Judicial va porque va.

El mandatario se lo hizo saber a los suyos, sobre todo a los legisladores de Morena y sus aliados, a quienes ordenó planchar todo para que el proyecto sea votado antes de que concluya su gobierno.

Y para atizarle al conflicto, echó a pelear a los empresarios más importantes del país con las cúpulas de los hombres de negocios, quienes no sólo han expresado su desacuerdo con la Reforma Judicial, sino con la sobrerrepresentación en el Congreso.

Ayer en su mañanera, AMLO emplazó a los empresarios Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas, Fernando Baillères y María Asunción Aramburuzabala a que den la cara y definan su postura sobre los temas en cuestión.

Lo que busca el Presidente, sin embargo, es contrapuntearlos con organismos como el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, cuyos presidentes, Francisco Cervantes y Rolando Vega, han expresado su desacuerdo con el inquilino de Palacio.

Quiere que los ricos hablen de la designación de diputados plurinominales y de la Reforma Judicial, porque lo que dicen los organismos cupulares, advierte, son falacias.

Es un invento eso de que Morena y aliados quieren violar la Constitución y una verdad aquello de que el Poder Judicial está secuestrado por unos cuantos, les dijo el Presidente.

La polémica crecerá este miércoles con la decisión que tomen los organismos electorales en torno a la sobrerrepresentación legislativa. Aunque todo apunta a que favorecen al partido en el poder.

Más allá de eso, López Obrador enfocó sus baterías contra los empresarios, porque le molestó que estén opinando de política.

No quiere que nadie se entrometa, porque si han habido complicidades y transas, muchas se han dado entre el Poder Judicial y los empresarios.

Y sobre el paro de labores en juzgados, tribunales, la Corte y el Consejo de la Judicatura, desde la Presidencia me aseguran que AMLO no meterá las manos. Dejará que el conflicto crezca y que ellos mismos se pongan la soga al cuello. Total, si quieren sus liquidaciones, que las tomen de los fideicomisos que defendieron.

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LA COMPRA DE LA TERMINAL DE TUXPAN, ¿una bomba de tiempo para el nuevo Pemex? En plena transición hacia el nuevo gobierno, con la Presidenta electa afinando su gabinete, la petrolera del estado se prepara para cerrar una polémica compra: la terminal de almacenamiento de Monterra Energy en Tuxpan, Veracruz, por 320 millones de dólares.

Me dicen que, a simple vista, la operación parece alinearse con la política de fortalecer el control estatal sobre el sector energético, pero ¿a qué costo?

La terminal que ha enfrentado cierres regulatorios y adeudos legales, sufre de hundimientos y adecuaciones deficientes que comprometen su seguridad, lo que no sólo pone en riesgo la operatividad de Pemex, sino que representan un peligro potencial para la comunidad local.

Y la pregunta que surge es si la empresa está adquiriendo un activo o una responsabilidad descomunal. Por eso el próximo director de Petróleos Mexicanos heredará una operación cargada de riesgos financieros, operativos y sociales.

Este será su primer gran reto: justificar una transacción costosa y rodeada de opacidad en un contexto en que nos han vendido mayor transparencia y eficiencia. El reto también es demostrar que no se perpetúan los esquemas de corrupción del pasado.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Las leyes son como las salchichas: es mejor no ver cómo se hacen. Lo mismo aplica para algunos negocios”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 

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