En sesión del Pleno del Congreso local se aprobaron los dictámenes de cuatro Minutas Proyecto de Decreto por las que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública, protección y cuidado animal, prisión preventiva oficiosa y simplificación administrativa. Las dos primeras en sentido positivo y las otras dos en sentido negativo. En torno al tema de prisión preventiva oficiosa, como autora del dictamen hizo uso de la tribuna la diputada Susana Bermúdez Cano, quien indicó que la libertad es la base para el desarrollo de los derechos humanos y esencial para la construcción de un verdadero estado de derecho, porque sin libertad las personas estarían sujetas a los caprichos de quienes ostentan el poder a nivel federal que no dimensionan los efectos procesales violatorios que se derivan a temas de inconstitucionalidad. Agregó que se están proponiendo arbitrariedades y que no se está llevando a cabo un análisis de lo que va a pasar con las personas que resulten inocentes y no se les asigne una sanción condenatoria, además de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México hacer cambios a la prisión preventiva oficiosa, al considerar que vulnera los derechos de las personas. Finalmente, calificó como una dictadura lo que se vive en el país, por tener un ejército sobre empoderado, una prisión automática, la inexistencia de órganos autónomos, el no contar con contrapesos en el Congreso, con la división de poderes desarticulada y por tener al Poder Judicial capturado. Al hablar en contra del dictamen, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor aclaró que la prisión preventiva oficiosa está debidamente contemplada tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Apuntó que las medidas cautelares tienen como objetivo evitar la sustracción del imputado, reducir riesgos para la víctima y el ofendido, entre otras, y que contrario a lo que se señala en el dictamen no vulnera el principio de legalidad en un Estado de Derecho ni constituye un mecanismo para castigar anticipadamente a una persona ni se le priva de defenderse sobre lo que se le imputa. Añadió que con esta medida se les brida tranquilidad a las víctimas garantiza, la protección de la vida, la salud y el patrimonio frente a riesgos procesales que están fuera del control de las autoridades; y dijo que el hecho de que exista esa figura no significa que alguien va frente a un juez sin pruebas. Al hablar a favor del dictamen, la diputada Karol Jared González Márquez comentó que a pesar de que la prisión preventiva oficiosa se encuentre establecida en la Constitución, ello no garantizará que deje de ser una figura jurídica arbitraria, pues es contraria al debido proceso y violatoria de derechos humanos. Afirmó que eso pone en grave riesgo el derecho a la integridad de la persona que está siendo procesada, ya que la prisión preventiva oficiosa significa pisar la cárcel de manera automática. González Márquez apuntó que la reforma constitucional amplió el número de delitos considerados como graves que ameritan la prisión preventiva oficiosa para aquellos que se realizan en contra de la salud, el libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, lo que implica una prisión automática. Argumentó que la Corte Interamericana ya solicitó a México eliminar dicha figura de prisión preventiva oficiosa porque además ya no se cuenta con la presunción de inocencia. Enfatizó que se debe privilegiar la prisión preventiva justificada. Finalmente, instó a sus homólogos a que cada iniciativa o reforma se visualice y profundice en los verdaderos problemas de a quién se va a afectar y hasta dónde se puede llegar, porque hoy como está se estará metiendo en la cárcel a un inocente. En su oportunidad, la legisladora Rocío Cervantes Barba indicó que el análisis de la prisión preventiva es el más importante porque constituye el instrumento legal más violento que posee el Estado, debido a que este mecanismo dictado al iniciar el proceso penal supone una privación de libertad basada en un pronóstico, una probabilidad, y no en la certeza probatoria y la culpabilidad de la persona. También comentó que esta medida debe ser la última alternativa para el aseguramiento del desarrollo y resultado del proceso pues no tendría sentido, cuando no existen medidas alternativas preferentes. Finalmente, precisó que la prisión preventiva oficiosa no debe subsistir sin que ésta se aplique sin la ponderación de un juez ante la petición justificada del Ministerio Público de la necesidad de su aplicación en forma fundada, razonada y proporcional al delito y a las circunstancias que lo rodean. La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco externó su preocupación por que la prisión preventiva siga viéndose como solución a los problemas que aquejan al país, ya que, dijo, hasta hoy no hay pruebas de su efectividad ni de que contribuya a erradicar la inseguridad. Mencionó que las mujeres son quienes más sufren de este flagelo, y que los pobres son quienes más afectados se ven, porque las cárceles no estaban llenas de culpables sino de gente que no cuenta con recursos para llevar sus juicios en libertad, ya que, subrayó, en México la libertad sigue siendo para quienes la pueden pagar. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H Pedroza Orozco enfatizó que la reforma no es compatible con un Estado que defiende los derechos humanos, y que su grupo parlamentario decía no al encarcelamiento de personas sin previo juicio y sentencia dictaminada, a la criminalización y al punitivismo, y se pronunció por hacer valer el principio de presunción de inocencia.