Senadores de oposición da­rán la batalla para frenar la reforma que otorga a la Se­cretaría de la Defensa Na­cional (Sedena) el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. El priista Manuel Añorve calificó de inviable lo apro­bado en fast track por la Cá­mara de Diputados y llamó a que la minuta siga su cur­so para dictaminarse en co­misiones, ya que el viernes en San Lázaro los morenis­tas le dispensaron los trámi­tes y subió directo al pleno. Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, coincidió en esto al aseverar que el Senado no debe per­mitir un “madruguete”. Emilio Álvarez Icaza, coordinador del Grupo Plu­ral, dijo que “la naturale­za jurídica de la Guardia Nacional es y debe ser civil”, en referencia a que la refor­ma aprobada hizo cambios a cuatro leyes secundarias, por lo que la Constitución no se ha modificado.

Sobre esto, en días pa­sados, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aclaró que sin una modificación constitucional, los cambios a la Guardia se­rían fáciles de impugnar ante la Suprema Corte. "No puede, ni por la vía del decreto ni por vía del acuerdo, ni tampoco ningún otro ordenamiento jurídico menor al de la Constitución, estar situado jerárquica­mente por encima de ella”, señaló durante la cátedra que imparte en la Facultad de Derecho de la UNAM. El líder del PRD, Jesús Zambrano, instruyó a los senadores de su partido im­pugnar ante la Corte el tras­paso de la Guardia, en caso de que el Senado también apruebe las enmiendas. Una vez que el Senado reciba la minuta aprobada la madrugada del sábado, se prevé que las comisiones unidas de Gobernación, Se­guridad Pública y Defensa Nacional sesionen lunes y martes para discutir el dic­tamen, al cual pueden reali­zarle modificaciones.

    EN EL SENADO ALISTAN FRENTE PARA IMPEDIR REFORMA A GN

Luego de que la Cámara de Diputados turnó la minuta con proyecto de decreto al Sena­do para que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga el el control operativo y adminis­trativo de la Guardia Nacional, pero que se mantenga adscri­ta a la Secretaría de Seguri­dad y Protección Ciudadana (SSPC), senadores de PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural anunciaron que impedirán su aprobación en la Cámara Alta. La senadora del PAN, Xó­chitl Gálvez, afirmó: “en el Senado daremos la batalla”, mientras que Manuel Añorve, del PRI, dijo que el proceso de revisión de los cambios a las leyes reglamentarias de la GN, tiene que seguir su curso para dictaminarse, pero anticipó que lo aprobado en San Láza­ro es inviable. El coordinador de los se­nadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Casta­ñeda, aseveró que el Senado no debe permitir un “madru­guete” como el que ocurrió en la Cámara de Diputados, para aprobar vía fast track los cam­bios a las leyes de la GN. "México despierta con un madruguete de Morena. La­mentable que quienes por años se opusieron repliquen la misma estrategia de seguri­dad fallida desde hace 15 años (…) La lucha sigue”, escribió Castañeda en redes sociales. En este sentido, el coor­dinador de los senadores del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, escribió en Twitter que “la Constitución no ha cam­biado, la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional es y debe ser civil”. Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zam­brano, instruyó a los senado­res de su partido a impugnar el traspaso de la GN ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en caso de que el Senado también apruebe los cambios a las le­yes secundarias. "Hay que tener cuidado porque, lo que sucedió en la Cámara de Diputados son pasos de dictadura, y más de una dictadura que pretende ir acompañada del auxilio de las fuerzas militares de nues­tro país”, indicó el perredista. La estrategia del Bloque de Contención es que algu­nos senadores de Morena vo­ten en contra de la minuta de la GN o bien se abstengan de votar, en virtud de que el or­denamiento aprobado entra en contradicción con la Cons­titución, la cual señala la natu­raleza civil de la GN.

    En Artículo 21 de la Consti­tución establece: “Las institu­ciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Na­cional, serán de carácter ci­vil, disciplinado y profesional” (párrafo 10). Y agrega: “La Fe­deración contará con una institución policial de carác­ter civil denominada Guardia Nacional” (segundo párra­fo, inciso e). El tercer párrafo del inciso e del mismo artí­culo señala que: “La Guardia Nacional estará adscrita en la secretaría del ramo de Seguri­dad Pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguri­dad Pública”. Al respecto, en su cátedra de la Facultad de Derecho el 26 de agosto, el senador Ri­cardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, aclaró que sin una modifica­ción constitucional, los cam­bios a las leyes secundarias de la GN, serían fáciles de impug­nar ante la Suprema Corte. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Se­nado expuso que la iniciativa en la materia tiene que ser de carácter constitucional y no simplemente una ley secun­daria, y que deberá ser apro­bada por al menos dos tercios de los votos de senadores. "Mi punto de vista es que se requiere reforma constitucio­nal, no puede ni por la vía del decreto, ni por vía acuerdo, ni tampoco ningún otro ordena­miento jurídico menor al de la Constitución, estar situado je­rárquicamente por encima de ella”, señaló durante la cátedra que imparte en la Facultad de Derecho de la UNAM.

  LA RUTA LEGISLATIVA PREVISTA

Una vez recibida por el Senado la minuta de las modificaciones aproba­das por la Cámara de Diputados a las leyes que reforman la Guar­dia Nacional, el docu­mento deberá turnarse a comisiones. De tal forma se espe­ra que entre este lunes y martes sesionen las comisiones unidas de Gobernación, Seguridad Pública y Defensa Na­cional para aprobar el dictamen, al cual le pue­den realizar modificacio­nes, o bien aprobarlo en los mismos términos. Al no tratarse las le­yes del cambio de ads­cripción de la GN de una reforma constitucional, este martes podría subir­se el dictamen al pleno en primera y segunda lecturas para ser discuti­do y, en su caso, aproba­do ese mismo día. Una vez concluido este proceso legislativo es cuando los legislado­res pueden promover, ya sea una Acción de Inconstitucionalidad o bien una Controversia Constitucional por ha­berse modificado las leyes reglamentarias de la GN, sin realizar los cambios pertinentes a la Carta Magna de la cual derivan.

  CNDH PIDE QUE NO HAYA RETROCESO EN DH

La Comisión Nacional de los Derechos Hu­manos (CNDH) llamó a los legisladores para que en el marco de los procesos de revi­sión de leyes “se actúe siempre en favor de la mayor protección de las personas y de sus derechos humanos”. Asimismo, se pro­nunció porque “se opte por un marco normativo que forta­lezca y reconstruya las fuerzas de seguridad, sin que esto implique un retroceso en el res­peto de los derechos humanos” e implique una mayor vulneración a estos, debiéndose observar “que cual­quier medida que se opte durante este proceso legislativo debe brindar certeza y seguridad a la ciuda­danía y no acrecentar en mayor medida el número de víctimas en razón de las estrate­gias impulsadas”. Los legisladores “deben velar confor­me a lo establecido por la Carta Magna y en concordancia con los más altos estánda­res en la materia en favor siempre de las personas”, agregó. El organismo llamó también al Congreso, y “dada la actual crisis de inseguridad por la que se atraviesa, se opte por un marco nor­mativo que fortalezca y reconstruya las fuerzas de seguridad sin que esto implique un retro­ceso en el respeto de los derechos humanos e implique una mayor vulneración a tales derechos, debiéndose observar que cualquier medida que se opte durante este proceso legislativo debe brindar certeza y seguridad a la ciudadanía y no acrecentar en mayor medida el número de víctimas en razón de las estrategias impulsadas.”

    ARRANCÓ PRIMERA SESIÓN CON JORNADA MARATÓNICA

En una sesión maratónica que duró 14 horas, la Cámara de Diputados aprobó vía fast track en lo general y en lo particular la reforma a leyes secundarias que dan el con­trol de la Guardia Nacional a la Sedena. La primera sesión ordina­ria del segundo periodo de la 65 Legislatura fue dedicada a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obra­dor, que la mayoría parla­mentaria de Morena y sus aliados del PT y el Verde Eco­logista, hicieron suya para tener dispensa de trámites y evitar su paso por comisio­nes ordinarias. Para la discusión en lo particular, después de un receso a la medianoche, los coordinadores parlamen­tarios acordaron reducir de 289 reserva a la presenta­ción de 139 reservas, con el registro de 71 oradores. En el transcurso de la madrugada fueron retirándose reservas y al final ninguna se aceptó. La votación se dividió en dos partes. Primero se apro­bó con 264 votos a favor, 212 en contra y 1 abstención en lo general y particular el proyecto que reforma las le­yes Orgánica de la Adminis­tración Pública Federal, de la Guardia Nacional, Orgá­nica del Ejército y Fuerza Aé­rea Mexicanos y los artículos transitorios.

UNA AGITADA SESIÓN Prevista para iniciar a las 3 de la tarde del viernes, la sesión en la Cámara de Diputados dio comienzo al filo de las 6, con un receso a la medianoche tras un audio que se hizo escuchar en tribuna. Luego de la aprobación en lo general de las leyes sobre la Guardia Nacional, continuó la discusión en lo particular, con el registro de 71 oradores, que se extendió 14 horas.

Posteriormente se pre­sentó a parte la reforma a la Ley de Ascenso y Recom­pensas del Ejército y Fuerza Aérea que fue aceptada por la coalición Va Por México (PAN, PRI y PRD), y que fue rechazada por la bancada de Movimiento Ciudadano. Di­cha reforma se aprobó con 451 votos a favor, una absten­ción y 23 en contra de MC, en lo general y particular dicha reforma a Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea. Con este cam­bio se reconocerá la anti­güedad a los elementos en la Guardia Nacional de la mis­ma forma que a los militares. La diputada de More­na, Rosangela Peña Esca­lante, justificó la iniciativa al asegurar que el Ejército y la Marina gozan de mayor confianza en el país con la actual administración. En­fatizó que el presidente An­drés Manuel López Obrador no tiene “ideologías autori­tarias” ante los señalamien­tos de la oposición de que el actual gobierno podría usar a la Guardia Nacional como mecanismo de control a sus críticos. "Las Fuerzas Armadas no son lo que eran el 68, porque el jefe del Ejecutivo tampoco lo es, ni sus objetivos obede­cen a ideologías autoritarias, que menoscaban los dere­chos humanos y menos tie­nen una naturaleza bélica como la de otras naciones”, sostuvo.

Al final de la sesión, el diputado por el PAN, Hum­berto Aguilar Coronado, acusó al gobierno de la Cuar­ta Transformación de “tener más muertos” que el gobier­no del ex presidente Felipe Calderón, y que el discurso que usan del sexenio panis­ta ya no puede justificar los malos resultados en materia seguridad.

APRUEBAN INTEGRACIÓN DE SECCIÓN INSTRUCTORA Tras aprobarse en lo gene­ral y en lo particular la re­forma para que la Guardia Nacional pase al control operativo de la Secreta­ría de la Defensa nacional, el presidente de la Cáma­ra de Diputados, Santia­go Creel Miranda, anunció el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se conforma la Sec­ción Instructora. Se aprobó la integración de la Sección Instructora, órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, en­cargado de los procesos de juicio de desafuero. Como presidente de la Sección Instructora, el morenista Jaime Humberto Pérez; se­cretario, Leonel Godoy, de Morena; por el PAN, Elías Lixa, y del PRI, el coordina­dor de la bancada tricolor, Rubén Moreira. El órgano de gobierno tiene a su cargo practicar todas las diligencias ne­cesarias para la compro­bación de la conducta o hecho de responsabilidad política o penal de algún servidor público. En caso de aprobarse los desafueros, posterior­mente son llevados a pleno para ratificarlos; se requie­re de mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. La más reciente soli­citud de desafuero en lo que va de la 65 Legislatu­ra es en contra del diputa­do y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a quien la Fiscalía General del estado de Campeche acusa de presunto enri­quecimiento ilícito. Ante esta solicitud, su bancada y la alianza Va por México acusa al gobierno federal y de Campeche de persecución política por haber votado en contra de la reforma eléctrica. --

Con información de Excélsior