La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político contra Samuel García, gobernador de la entidad, por la presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con sus familiares. La solicitud fue promovida por la bancada de Morena desde el 8 de junio y, dos días después, el Congreso decidió dar trámite al procedimiento contra el mandatario estatal. Cabe señalar que a la sesión no acudieron todos los diputados de la bancada morenista; sin embargo, ello no impidió la discusión y votación del asunto. Tras la decisión mayoritaria de la Comisión Anticorrupción, Samuel García será notificado y contará con un plazo para responder. Podrá comparecer ante el Poder Legislativo local por escrito o de manera presencial, como lo establece el procedimiento. Presunto desvío millonario de recursos públicos

En abril, El Financiero reveló que Samuel García está bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente orquestar un esquema financiero para desviar recursos públicos y lavar más de mil millones de pesos. Las indagatorias señalan que el mandatario estatal utilizó un modelo de triangulación de fondos gubernamentales para beneficiar de manera directa a su círculo familiar. A través de diversas empresas, organismos públicos y proyectos de infraestructura, se habría favorecido al despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, cuyos principales accionistas son familiares del gobernador de Nuevo León: Samuel Orlando García Mascorro, su padre, y Samuel Orlando García Villarreal, su medio hermano. De acuerdo con la investigación, el gobierno estatal habría canalizado recursos públicos mediante diversos mecanismos financieros que terminaban en las cuentas del despacho. Una vez que el dinero ingresaba al despacho fiscal de la familia García, los recursos eran distribuidos a otras empresas. El principal destino de esos movimientos fue la compañía “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, que presuntamente recibió transferencias por más de mil millones de pesos. Posteriormente, los fondos de la empresa inmobiliaria fueron enviados a distintas jurisdicciones fuera del país, incluso a cuentas en Estados Unidos, con el supuesto objetivo de dificultar el rastreo financiero y ocultar el origen público de los recursos. Con información del Financiero