Esta tarde en sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública aprobó el dictamen de la nueva Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, la cual tiene como objetivo fortalecer la certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra, garantizar el derecho a una vivienda adecuada y establecer mecanismos que permitan incorporar de manera ordenada los asentamientos humanos irregulares al desarrollo urbano formal. La nueva legislación busca atender una problemática que afecta a miles de familias guanajuatenses que habitan en asentamientos irregulares o poseen predios sin certeza jurídica, situación que limita el acceso a servicios públicos, programas gubernamentales, financiamiento y oportunidades de desarrollo patrimonial. Entre sus principales disposiciones, la ley establece un procedimiento integral para la regularización de asentamientos humanos, define las atribuciones de las autoridades estatales y municipales involucradas, y fija los requisitos técnicos, jurídicos y urbanísticos que deberán cumplirse para acceder a los procesos de regularización. Asimismo, contempla la creación del Fondo para la Regularización de Asentamientos Humanos del Estado de Guanajuato, instrumento orientado a apoyar a personas y familias en situación de vulnerabilidad mediante el financiamiento total o parcial de los costos derivados de los procedimientos de regularización, así como el otorgamiento de apoyos focalizados para facilitar el acceso a la certeza jurídica sobre la tierra. El diputado Luis Ricardo Ferro Baeza externó su beneplácito con este dictamen y dijo que se pone en el centro el derecho de las personas a vivir en condiciones dignas, se atiende una realidad que afecta a miles de familias que por años han vivido sin seguridad en su patrimonio y se brinda mayor certeza jurídica a los guanajuatenses. El dictamen fue aprobado en lo general por unanimidad de votos; mientras que, en lo particular, la congresista Angélica Casillas Martínez propuso reservas en materia de certificado de inscripción o no inscripción del predio a regularizar; procedimiento para la terminación del programa de regularización e improcedencia de la regularización de asentamientos humanos irregulares. Las propuestas fueron avaladas. De igual manera, se avaló el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de la propuesta de punto de acuerdo para exhortar al ayuntamiento de Guanajuato para que en el ejercicio de sus atribuciones implemente un programa de acción y lleve a cabo convenios con los prestadores de servicio que utilicen infraestructura pasiva aérea en la ciudad cuyo objeto será el retiro de cables en desuso, determinándose polígonos o zonas específicas a ser intervenidas, con un calendario de trabajo que permita ir avanzando en el retiro de los cables aéreos en todo el Municipio, no sólo la zona centro ni callejones aledaños. Finalmente se dio cuenta con dos propuestas de punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que informe si se cuenta con los estudios o análisis correspondientes para el cambio de sede de dependencias estatales al Distrito de Gobierno del Parque Guanajuato Bicentenario; informe si de acuerdo a la información pública conocida de las dependencias que cambiarán de sede al Distrito de Gobierno en el Parque Guanajuato Bicentenario, se cuenta con el estudio o análisis del impacto económico para la ciudad de Guanajuato y sus ciudadanos. También informe si de acuerdo a la información pública conocida de las dependencias que cambiarán de sede al Distrito de Gobierno en el Parque Guanajuato Bicentenario, se cuenta con el estudio o análisis del impacto económico que tendrán en sus ingresos los trabajadores de las dependencias señaladas por motivo del aumento de distancia en la movilidad; ordene a la dependencia encargada para que informe si se cuenta con un estudio económico de cuánto costará la renta de los edificios y en cuanto tiempo se planea recuperar la inversión del dinero de los pensionados y jubilados. Finalmente, exhorté a la Secretaría de Obra Pública para que, de acuerdo con sus atribuciones, inicie el proceso de imposición de sanciones establecidas en el contrato número SICOM/RE/LP/PU/DOA/OB/ISSEG/2024-0177. Al respecto se pidió solicitar información a la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Obra Pública con plazo de 10 días hábiles. El congresista Ernesto Millán Soberanes pidió que se solicite información a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Finanzas y al Instituto de Seguridad Social del Estado, para contar con un diagnóstico integral. La propuesta se aprobó. La segunda para pedir a los 46 ayuntamientos impulsen la elaboración y actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, a fin de garantizar un crecimiento ordenado de los centros de población, la protección de las áreas de valor ambiental, la gestión integral de riesgos, la preservación de las zonas de recarga de acuíferos, la adecuada dotación de infraestructura y servicios públicos, y el aprovechamiento sostenible del territorio conforme a las necesidades presentes y futuras de sus habitantes. En ese punto se avaló solicitar al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado información sobre el citado programa con término de 15 días hábiles. En la sesión participaron las diputadas Luz Itzel Mendo González (presidenta), Angélica Casillas Martínez, Carolina León Medina y Luis Ricardo Ferro Baeza. Además, los acompañó el legislador Ernesto Millán Soberanes.