Casi todos los estados pertenecientes a la zona del Bajío tienen un riesgo alto de intervención del crimen en las elecciones locales que se realizarán el próximo 2 de junio, de acuerdo con el “Primer reporte de violencia política 2024”, realizado por la empresa de consultoría Integralia Consultores. En entrevista para “Así las cosas en el Bajío”, Armando Vargas, consultor en la Unidad de Riesgo Político de la citada empresa, precisó que a través de una metodología propia que considera varios factores de riesgo, en este primer reporte se han identificado seis entidades como un riesgo muy alto de intervención del crimen en las elecciones, entre ellas destacan Jalisco y Michoacán, así como Guerrero, Colima, Chiapas y Morelos. De igual manera, se han detectado nueve entidades con un riesgo alto, se trata de Zacatecas, Guanajuato, Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, el Estado de México, Tabasco y Veracruz. En el caso de San Luis Potosí y Querétaro presentan un riego muy bajo. “Es decir, cerca del 50 por ciento de las entidades tienen un riesgo alto o muy alto de la intervención del crimen en las elecciones locales”. Vargas indicó que el riesgo se define con base en cinco factores, uno de ellos es la presencia de mercados ilícitos; la presencia de grupos criminales en conflicto armado; el Estado de Derecho débil; celebraciones de elecciones Presidencias Municipales y finalmente, la presencia de municipios estratégicos para el crimen, ya que son competitivos. Autoridades, sin capacidad para frenar intervención de la delincuencia en proceso. El consultor refirió que, de acuerdo con Data Cívica Agresiones, los asesinatos y amenazas contra candidatos y funcionarios públicos en México han incrementado un 235.7 por ciento desde el 2018 al 2023. En lo que va de este año, Integralia ha contabilizado 32 víctimas, de las cuales siete son aspirantes asesinados. Reconoció que si bien, es posible reducir los riesgos de violencia político- electoral para funcionarios, aspirantes y paridos políticos, esto sería solo a mediano plazo, ya que es importante admitir que, en la actualidad, las autoridades electorales, de seguridad y tribunales judiciales carecen de las capacidades para frenar significativa la intervención del crimen en las elecciones. “Al día de hoy, ningún protocolo de seguridad podrá reducir significativamente esta problemática por una sencilla razón: los gobiernos han reaccionado de una forma muy lenta en décadas; ya te comentaba que en el último sexenio estos incidentes de violencia han incrementado más del 200 por ciento y apenas, están anunciado acciones concretas que, además, son insuficientes. Este problema se va a resolver a mediano plazo, incluso a largo plazo, solo sí se toman acciones que involucren cambios profundos en varias dimensiones”, sostuvo. Finalmente, expuso que Integralia considera que una de las ideas para recuperar el Estado democrático en el país es que las autoridades electorales tengan la capacidad de realizar investigaciones frente a cualquier indicio de intervención del crimen, en cualquiera de sus modalidades y que eso lleve a la anulación del proceso, “pero al día de hoy, ninguna de las autoridades tiene la capacidad de reaccionar frente a estas problemáticas”, reiteró.