BAXTER, LA FARMACEÚTICA que le compró a la familia del ex presidente Enrique Peña su negocio de plásticos esterilizados, cobró nuevos bríos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Según los registros de plataformas de transparencia, tan sólo en este 2024 la trasnacional que dirige Joe Almeida lleva contabilizados negocios en el sistema de salud público por casi 3 mil 300 millones de pesos. Los mecenas de esta multinacional estadounidense líder en productos y dispositivos médicos son la Secretaría de Salud de Jorge Alcocer, el IMSS de Zoé Robledo y el ISSSTE ahora de Bertha Alcalde. Apenas a finales del mes de marzo Baxter fue adjudicado de manera directa con un contrato por 532 millones de pesos en el ISSSTE, como parte de la adquisición de bienes para la terapia de diálisis. El contrato se entregó por excepción al no existir bienes alternativos o sustitutos; es decir, la compañía fue el único oferente por derechos exclusivos y al no haber tenido un competidor. Otro ejemplo es el contrato que obtuvo, también por excepción de licitación, a principios de este año con el Seguro Social por un monto de más mil 200 millones de pesos. En este caso se argumentó que, desde el año 2008, se ha llevado a cabo la contratación del servicio de diálisis con esa empresa y, con la finalidad de evitar complicaciones mecánicas e infecciosas en los pacientes, se ajustaba por la misma alternativa. Según los dichos de Baxter International, la compañía absorbió a Plasti-Esteril de manera plena en 1999. La firma había sido fundada por la familia Peña del Mazo en 1991. Tan sólo un año después, se vendió presuntamente a otra razón social de nombre Equisflex, de tal forma que los norteamericanos niegan incluso una transacción directa con los mexiquenses. No obstante, los datos del Registro Público de Comercio traicionaron en su momento al exmandatario, pues definían como vigente la relación accionaria de Plasti-Esteril con Peña y su hermano Arturo Peña Nieto. Lo anterior fue suficiente para que el gobierno de López Obrador le armara una investigación que lo mantuviera lejos de la elección del Estado de México. A mediados de 2022 se escuchaban rumores de que Peña no estaba de acuerdo con su primo, Alfredo del Mazo, de entregar el estado a Morena vía la entonces candidata Delfina Gómez. Pero una aparición en la conferencia mañanera del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, fue suficiente para quitarle las intenciones. LUEGO DE QUE se diera por terminada la relación entre Pemex, que dirige Octavio Romero, y la estadounidense New Fortress Energy (NFE), de Wes Edens, para explorar el campo de gas natural Lakach en las costas del Golfo de México, el proyecto fue evaluado por varias empresas mexicanas. Como le platiqué en la lista desfilaron, a lo largo de estos meses, ICA de Guadalupe Phillips, y Grupo Carso de Carlos Slim. Le puedo confirmar que éste último fue quien ya tomó operativamente el control y tendrá que darle viabilidad al proyecto en aguas profundas, que por cierto tiene una de las reservas más importantes de toda la región y que permitiría a México no sólo abastecer su consumo, sino también la posibilidad de exportarlo a otros países. De acuerdo con analistas, la complejidad técnica implica un reto desde el punto de vista financiero que Carso deberá sortear en los siguientes años. Recuerde que se requería la friolera de más de 2 mil millones de dólares y una tecnología de última generación que disminuya los costos de todo el proyecto para garantizar su rentabilidad. LOS CONTRATOS PARA los hermanos Jorge Salim y María Magdalena Fahur Pérez, considerados como los nuevos “reyes” del outsourcing, siguen fluyendo en las dependencias de la 4T, para representarles ya ingresos para todas sus razones sociales por más de 5 mil millones de pesos en el sexenio. En esta ocasión, las ya conocidas firmas Aurus Nivel Total, Imago Centro de Inteligencia de Negocios y Gurges Implementación de Negocios, se integraron en un consorcio que lidera la razón social Sankual Negocios, para adjudicarse un negocio por 600 millones de pesos con el Banco del Bienestar, que dirige Víctor Lamoyi Bocanegra. El contrato de tercerización de personal, que se bautizó como “Servicio Especializado de Asistencia Técnica para el Banco del Bienestar”, está vigente desde el pasado 1 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2024. APENAS SE DIO a conocer el proyecto de resolución de la magistrada Janine Otálora, que le retiraba la candidatura plurinominal a Francisco García Cabeza de Vaca, por considerar que aún es prófugo de la justicia, salió a la luz una solicitud de amparo del exgobernador de Tamaulipas contra nuevas investigaciones o posibles órdenes de aprehensión emanadas de diversas autoridades. El exgobernador se ampara contra actos del Poder Judicial de la Federación, de la FGR, del Poder Ejecutivo Federal, de la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial de la CDMX, de los Poderes y la Fiscalía de Tamaulipas, del Estado de México, de Nuevo León y contra la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, justo donde despachó por dos años su enemigo declarado, Santiago Nieto Castillo. HOY QUE ESTÁ en el ojo del huracán el ex ministro Arturo Zaldívar por presuntos actos de corrupción, también están en la mira licitaciones en la Suprema Corte. Apunte el contrato del Servicio Integral de Limpieza que cubre al 100% de los inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Lik Hom Services, desde la llegada de Zaldívar a la Presidencia, se erigió como el proveedor absoluto del servicio, incluso cobrando sobreprecios y logrando que antes de irse aquél le fuera renovado por dos años. Pero ahora resulta que el contrato se está licitando nuevamente, y las empresas del sector ya acusan a la Secretaria Ejecutiva de Administración, Fernanda Casanueva, de tener los dados cargados para favorecer otra vez a Lik Hom Services. A esta empresa, desde el CJF, también la están recomendando para quedarse con el contrato del Tribunal Federal Electoral, que preside Mónica Soto. POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE