El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó el Congreso para presentar un nuevo paquete de gasto social de costo reducido, valorado en 1.75 billones de dólares, con el que espera conseguir el apoyo de las alas moderada y progresista del Partido Demócrata. El plan mantiene las inversiones en el clima y la educación infantil que estaban previstas en el proyecto inicial de 3.5 billones de dólares, pero deja fuera la garantía de una baja familiar y de maternidad pagada a nivel nacional, y enfría las expectativas de un plan de regularización para los migrantes indocumentados. “Todo el mundo está de acuerdo con esto”, aseguró Biden a los periodistas al llegar al Congreso para reunirse con los demócratas, en un intento de llegar con ellos a un acuerdo antes de salir en unas horas de viaje a Roma para participar en la cumbre del G20. Sin embargo, el senador demócrata Dick Durbin dijo a periodistas que hay “mucha incertidumbre” sobre si el nuevo plan conseguirá unir a las facciones del partido, y está por ver si el ala progresista aceptará un proyecto que recorta a la mitad el gasto social previsto originalmente. El paquete, anunciado por la Casa Blanca, mantiene una inversión de 555 mil millones de dólares en la lucha contra la crisis climática, sobre todo a través de incentivos fiscales para el uso de fuentes de energía limpias. Otros 400 mil millones se destinarán a la educación gratuita para los niños de entre 3 y 4 años, los dos años previos al ingreso a la escuela primaria; y 200 mil millones más permitirán ampliar un año más los créditos fiscales para los estadounidenses de menores ingresos que tienen hijos. También incluye inversiones en seguros médicos y vivienda asequible para personas de bajos ingresos, pero deja fuera un pilar clave de lo que había sido la agenda de Biden, la garantía de una baja remunerada por maternidad o paternidad, un derecho que en EE.UU. no está garantizado a nivel federal. El plan de la Casa Blanca deja la puerta abierta a añadir otros 100 mil millones de dólares que se destinarían a migración, pero todo apunta a que irían a parar a gastos de visados y no a la regularización de millones de indocumentados, como querían inicialmente los demócratas. La financiación del plan de gasto de Biden se basa en la imposición de una tasa de 15 por ciento para las grandes empresas, dentro del acuerdo global de un impuesto mínimo internacional a las multinacionales. Asimismo, aumenta 5 por ciento los impuestos para las personas con ingresos superiores a 10 millones de dólares; y 3 por ciento adicional para las de más de 25 millones de dólares. Penaliza, por otro lado, con 1 por ciento la recompra de acciones por parte de las grandes empresas, mecanismo utilizado para elevar el precio de los activos. Queda fuera, finalmente, la propuesta de aplicar impuestos a los multimillonarios, quienes ganan más 100 millones de dólares al año o cuyos activos están valorados en más de mil millones de dólares, y que habría afectado a magnates como Elon Musk o Jeff Bezos. Con información de López Dóriga Digital / EFE