El sector empresarial de la región expresó su preocupación ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa, al considerar que esta medida podría afectar la certeza jurídica y la operación de miles de negocios, principalmente micro y pequeñas empresas. Así lo señaló  el presidente de Coparmex Puerto Vallarta, Francisco Gabriel Vizcaíno Rendón, quien destacó que este sector representa cerca del 90 por ciento de las unidades económicas en la región y genera más del 70 por ciento del empleo formal. “Sí es un tema preocupante porque impacta directamente en la certeza jurídica, que es fundamental para la inversión y la operación de las empresas”, subrayó. En entrevista para “Así las Cosas”, el líder empresarial explicó que permitir el bloqueo de cuentas sin una revisión judicial previa genera incertidumbre tanto para empresarios como para inversionistas, ya que una medida de este tipo podría aplicarse con base en indicios, sin un proceso claro. Vizcaíno Rendón advirtió que las consecuencias no solo serían legales, sino también operativas y económicas. “Si se bloquea una cuenta, una empresa no podría pagar nómina, proveedores o créditos, lo que podría paralizar sus operaciones”, señaló. En el caso de las micro y pequeñas empresas, dijo, el impacto puede ser aún más grave debido a la falta de reservas financieras o respaldo jurídico, lo que incluso podría llevarlas al cierre. Asimismo, expuso que en destinos turísticos como Puerto Vallarta y Bahía de Banderas existe un mayor riesgo, debido a la interacción constante con clientes de distintas partes del país, lo que incrementa la posibilidad de verse involucrados indirectamente en irregularidades fiscales. “Nosotros no podemos saber cómo operan las finanzas de cada cliente. Hay casos en los que, de manera indirecta, una empresa puede verse afectada por relaciones comerciales sin tener responsabilidad directa”, explicó. Ante este panorama, Coparmex reiteró que no está en contra del combate a actividades ilícitas, pero sí exige reglas claras y mecanismos que eviten abusos o decisiones discrecionales. Entre las propuestas, destacó la necesidad de que exista un control judicial previo o inmediato, que las revisiones se realicen en un plazo máximo de seis horas, que se notifique de forma inmediata al titular de la cuenta y que se establezcan responsabilidades en caso de bloqueos injustificados. “La idea es combatir el delito sin debilitar la certeza jurídica. Necesitamos reglas claras para no afectar la operación de las empresas y proteger el empleo”, enfatizó. Finalmente, el organismo empresarial hizo un llamado a los empresarios de la región a mantenerse informados y acercarse a Coparmex en caso de enfrentar alguna situación relacionada, con el fin de recibir asesoría y acompañamiento en sus procesos. El sector advirtió que este tipo de medidas, de no contar con los contrapesos adecuados, podría impactar negativamente en la inversión, la confianza empresarial y la estabilidad económica local.