Por burocracia cierran centros nocturnos, bares y restaurantes, cuya renovación de licencia está en trámite, “esos procesos no son inmediatos”. Con la solicitud inicia el proceso de renovación hacia las direcciones de las áreas estatales y municipales que inspeccionan y dictaminan, indicó Roberto Pinto Madrid, presidente de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento y Restauración Alimentaria. Pinto Madrid explicó que tras el lamentable suceso en el centro nocturno “Rich” y los operativos subsecuentes de clausura de centros nocturnos durante el fin de semana, no significa que todos los establecimientos “estén en incumplimiento o no se sigan cumpliendo las condiciones para lo que les fueron otorgadas las licencias” ya que hay dos procedimientos de renovación y regulación de licencias en los que se encontraban algunos bares y restaurantes. “Los operativos son a consecuencia de lo acontecido donde se dejó un saldo lamentable de personas sin vida y hospitalizadas, supimos que esto iba a traer consecuencias como una sobrerrevisión de las autoridades”, comentó. Explicó que hay dos procedimientos de renovación y regulación de licencias, el que inicia el 1 de enero con la renovación de las licencias estatales y culmina en marzo. Posteriormente se inicia el trámite con autoridades del Municipio, se abre solicitud de renovación y se inicia una mesa colegiada con áreas de Ecología, Desarrollo Urbano, estacionamiento, contaminación auditiva, prevención de riesgos y el área de Protección Civil (preponderante por el suceso) seguridad estructural, instalaciones eléctricas, incendios, ente otros. “Hay quienes están dentro de ese proceso, lo que no es atribuible a una tardanza por parte de los empresarios”, destacó. Asimismo, refirió que tendrá que ser la autoridad la que indique sí había o no establecimientos que no hayan tenido licencias y concluir que no cumplieron con los dictámenes correspondientes. En cada uno de los establecimientos las autoridades observaron algo en específico, no obstante, hubo una “sobrevigilancia” en algunos casos, con las posteriores pérdidas de empleo y afectaciones económicas. “Toda sobrevigilancia que se haga o sobresupervisión y se sancione, aun cuando se sepa que están en proceso de regularización, son excesos, cuando la justificación plena exista porque no tenga licencia el establecimiento, la parte que representamos jamás hará mención de irregularidades” subrayó. Agregó que todos los miembros de la asociación cumplen con las licencias correspondientes o algunas están en procesos de renovación. También indicó que se han llevado a cabo mesas de reunión para que se analice cada caso y se pueda negociar, ya que algunos empresarios decidieron cerrar por voluntad propia hasta que termine el procedimiento. “Habrá que entablar diálogos con las autoridades para hacer análisis y revisión de cuál es el resultado de este operativo y que se establezcan mejores condiciones para que se eviten sanciones cuando sean innecesarias”. Finalmente agregó que las multas en cuanto a fallas en Protección Civil son más severas y van de los 2 mil, 3 mil, 6 mil pesos, hasta los 70 mil o 100 mil pesos. La más barata oscila entre 1 mil quinientos, hasta 2 mil 600 pesos. “Que las autoridades sean específicas y las sanciones se lleven a cabo exclusivamente cuando se trate de un incumplimiento atribuible al empresario y no cuando los procesos sean ordinarios y sea la autoridad quien va a emitir el dictamen correspondiente y deje seguir trabajando con el compromiso de que se culmine el procedimiento”, argumentó.