La diputada Gabriela Martínez Lárraga presentó iniciativa que propone reformar la fracción II del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí.

La modificación a la Ley tiene como fin ampliar el supuesto de “Obstrucción de la Justicia” en la Ley de responsabilidades administrativas, para que se sancione a los funcionarios que lo cometen.

Martínez Lárraga indicó en su exposición de motivos que, el acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho.

“Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones.”

Comentó que la impunidad por obstrucción de la justicia se da en diversas actuaciones dolosas que se ejecutan durante un procedimiento judicial o administrativo y que tras su finalización atentan contra el correcto desarrollo de la administración de justicia de las partes, como; la vida, la integridad física, la libertad, la seguridad, el patrimonio.

Consideró necesario que todas las personas que han sido perjudicadas por la comisión de delitos o violencias (sobre todo en razón de género), vean respetados su derecho de acceso a la justicia y al mismo tiempo, erradicar estas prácticas dañinas que atentan contra la dignidad de las personas y contra la igualdad con la que deben llevarse a cabo las investigaciones correspondientes.

Por último, comentó que, la administración de justicia debe ser imparcial y no discriminatoria, además destacó que los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan siendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de; Gobernación y Justicia para su análisis y posteriormente, ser enviada al Pleno del Poder Legislativo, para su discusión y en su caso ser votada.