La Casa Blanca lanzó una advertencia contundente: podría proceder con despidos masivos de empleados federales si la oposición demócrata persiste en negar la extensión del gasto público hasta noviembre. La medida elevaría el pulso del enfrentamiento político en Washington al poner en riesgo el pago de nóminas dentro de semanas. Si la batalla presupuestaria en el Congreso no se resuelve, el gobierno federal se quedará sin fondos para pagar a empleados no esenciales hacia finales de septiembre —un escenario que se ha convertido en un espectro recurrente en la política estadunidense. La administración republicana no solo planea licencias temporales, sino también despidos definitivos.

La Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca envió esta semana un memorando interno en el que advierte que “las agencias deben aprovechar esta oportunidad para estudiar el envío de avisos de Reducción Laboral a todos los empleados”. La directiva exige que todas las agencias y departamentos presenten planes de recorte de personal, en un paso que va más allá del tradicional “furlough” —la licencia temporal usada durante cierres anteriores.

El uso del término “reducción laboral” (RIF) remite al lenguaje que el gobierno Trump empleó bajo el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), recientemente creado y activo en recortes agresivos. En efecto, este no sería un simple “cese temporal”, sino una reestructuración que elimina posiciones.

“Bueno, todo esto es causado por los demócratas. Nos pidieron hacer algo que es totalmente irrazonable”, declaró Trump ante periodistas en el Despacho Oval, durante la recepción del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “Quieren regalar dinero a los ilegales, personas que ingresaron a nuestro país ilegalmente”, añadió, sin especificar montos o destinatarios.

Desde su lado, los demócratas contestan con firmeza política. Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, respondió con dureza:

“No nos intimidarán con su amenaza de realizar despidos masivos”, y denominó a Russ Vought, jefe de la oficina presupuestaria, “operador político maligno”.

También recurrió a un comentario en X alegando “vete al diablo” hacia la Casa Blanca, en medio del clima inflamado del debate.

Este conflicto emerge en una coyuntura crítica: aunque la Cámara de Representantes aprobó una extensión del gasto, el Senado —controlado por una ajustada mayoría republicana (53-47)— necesita siete votos demócratas para que la ley avance. Las cámaras están en receso y los senadores volverán el lunes, con el reloj en cuenta regresiva hacia el cierre institucional.

Los republicanos en la Cámara advirtieron que no volverán antes de la fecha límite, forzando al Senado a aceptar su propuesta o enfrentar un apagón gubernamental. El proyecto de extensión que proponen sólo financia las operaciones federales hasta el 21 de noviembre, lo que convierte la maniobra en una tregua temporal más que en una solución definitiva.

Este tipo de enfrentamientos, entre riesgo de cierre y promesas partidistas, es ya parte del paisaje político en Washington. Administraciones recientes han recurrido a cierres intermitentes como estrategia para presionar concesiones de la otra parte. Trump, incluso canceló una reunión programada con líderes demócratas para evitar concesiones anticipadas. El factor disruptivo ahora es la amenaza de despidos permanentes en lugar de licencias provisionales. Esa escalada introduce un elemento de presión directa sobre trabajadores federales y aumenta la tensión política hasta niveles inéditos en los enfrentamientos presupuestarios recientes.

La OMB exige que cada agencia identifique qué programas quedarán sin financiamiento y presente propuestas de recortes de personal conforme al mandato. El objetivo político, según funcionarios cercanos, es usar la amenaza como palanca negociadora ante los demócratas. En redes y medios estadounidenses ya circula la idea de que alrededor de 154 mil empleados federales podrían perder sus puestos si la crisis no se resuelve.

Aunque servicios esenciales como seguridad nacional y pagos de pensiones se mantendrán operativos en un supuesto cierre, los recortes afectarían programas considerados discrecionales. Los demócratas sostienen que ese tipo de medidas busca debilitar agencias clave para luego reorientar su función política. Varios líderes demócratas han calificado el plan de “chantaje político” y han anticipado acciones legales.

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La administración Trump ya ha aplicado un patrón agresivo de recortes en 2025, con miles de empleados despedidos mediante retiros voluntarios o despidos directos, en particular bajo vigilancia del DOGE. Algunos de esos despidos fueron frenados por tribunales, aunque el esfuerzo general ha reducido cerca del 12 % de la fuerza laboral federal durante el año. El último cierre del gobierno ocurrió en marzo de este año, cuando los demócratas del Senado terminaron cediendo ante la presión republicana. En esta ocasión, sin embargo, la amenaza de despidos permanentes introduce un nivel de urgencia mayor y podría obligar concesiones precipitadas.

Con información de Excélsior