La convocatoria para participar en la elección judicial como candidato o candidata era muy sencilla, porque reproducía los requisitos de elegibilidad que marca la Constitución, pero la interpretación fue lo que provocó diversos problemas, señaló en entrevista para AltaVox, el licenciado Jorge Chessal. Por ello, aseguró que en el caso de Zelandia Borquez, quien fue integrante del Ceepac, "no tenía ningún impedimento para haber sido registrada, llevar adelante su postulación y eventualmente ser electa porque cuando ella terminó su periodo, ni siquiera se había publicado la reforma judicial". Recordó: "el requisito de que fueran los consejeros ciudadanos excluidos de los procesos electorales, no es de la reforma judicial, ese ya estaba en la Constitución desde antes y cuando se hizo la reforma judicial, no se consideró la posibilidad de que hubiera candidatos que vinieran del órgano electoral" "No le puedes pedir a alguien que se someta a un impedimento, cuando este ni siquiera existía", puntualizó. Sin embargo, aseguró que el caso de José Luis Ruiz Contreras si tiene al menos una cuestión que ha llamado la atención, pues, "presentó su solicitud, paso por el comité de evaluación, se registró su candidatura, eventualmente participó en el proceso, sacó una cantidad de votos específica y finalmente se le entregó su constancia de mayoría, la cual ahora se está dejando sin efecto por parte del Tribunal Electoral". Sin embargo, externó que el requisito de elegibilidad, según el Tribunal, ya había sido juzgado porque ya se había dado el registro al proceso electoral y se había permitido la participación, por lo cual, se tendría que privilegiar la voluntad popular en aras de proteger el principio democrático, el cual, pudo ser un argumento que Ruiz Contreras hubiera utilizado a su favor. Aunado a ello, aún existe la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente a la Corte Interamericana para poder hacer valer el triunfo de Ruiz Contreras en las urnas.