Las alertas de género, además de evidenciar los altos niveles de violencia a los que son vulnerables las mujeres de algún municipio o estado, también vinculan y sobre todo, responsabilizan penal y administrativamente a las autoridades de distintos niveles que lleguen a ser omisas y/o negligentes ante estos casos. 

A pesar de que las declaratorias de alerta de género traen con sigo una serie de acciones que suponen atender la violencia de género en los territorios donde son aprobados, la realidad para las mujeres es en realidad otra, así lo comentó Mayela Ruíz, quien además agregó las autoridades no trabajan en esas recomendaciones, por lo que no se les da el debido cumplimiento de dichas acciones. “Yo creo que estamos igual en casi toda la república mexicana, porque se han incrementado los feminicidios, violaciones, toda la violencia en contra de las mujeres, no por falta de políticas públicas, porque sí las hay, pero también es por la falta de empatía de las propias autoridades, sobre todo del poder judicial, de la Fiscalía General de la República y de las estatales”, aseguró la investigadora.  Detalló así, que los procesos de denuncia en los casos de algún tipo de violencia de género, son tortuosos para las denunciantes, aunado de por si a las agresiones físicas que precisamente van a denunciar, por lo que las diferentes fiscalías del estados en muchos casos retrasan las investigaciones, no brindan acceso a la justicia y donde la última prioridad de las autoridades son las mujeres.