Pero el problema, y que pone en duda la fecha fatal del próximo 2 de diciembre para que inicie vuelos, es de índole técnico y legal: la obtención del Certificado de Operador Aéreo (OAC) LA NUEVA AEROLÍNEA del Estado mexicano ya tiene instalaciones, oficinas y personal militar, sobre todo retirados, desarrollando el plan de negocios y los manuales de operación. Pero el problema, y que pone en duda la fecha fatal del próximo 2 de diciembre para que inicie vuelos, es de índole técnico y legal: la obtención del Certificado de Operador Aéreo (OAC). Es un requisito esencial que solicita la Ley de Aviación para que la Agencia Federal de Aviación Civil lo otorgue y se proceda a la firma de los contratos con los arrendadores de aviones. Boeing, que preside Dave Calhoun y asesora al gobierno, no puede arrendarle los aviones a la nueva empresa sin ese famoso OAC, que a la vez también opera como la principal garantía de los aparatos. Las garantías que ya se tienen son las de carácter financiero, donde la banca de desarrollo ya las tiene listas, léase Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, que dirige Luis Antonio Ramírez. Nada se sabe de la contratación de las tripulaciones, ni mucho menos de sus programas de adiestramiento, que ooootra vez pasan por la obtención del OAC, más allá de la convocatoria del pasado 11 de octubre. Cada tripulación contratada, piloto o sobrecargo, tiene que certificar cien horas de vuelo en alguna ruta, amén otra certificación específica para el personal de tierra, de mostradores y operativos. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que lleva Jorge Nuño, debe expedir la concesión a la nueva Mexicana de Aviación, lo que en sí no debe ser ningún problema. Lo que sí puede ser un escollo es la certificación jurídica, pues la Secretaría de la Defensa, como administradora de la aerolínea, tendría que allanarse a las diferentes legislaciones civiles que rigen a la industria. Todas las aerolíneas comerciales en el mundo se rigen bajo los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, lo que plantea el primer reto: la nueva Mexicana será de corte militar. Y la pregunta que surge es: ¿cómo una línea aérea militar se va regir, como todas en el mundo, bajo la legislación de ese organismo que tiene su sede en Montreal y preside Salvatore Sciacchitano. ALTÁN REDES, QUE dirige Carlos Lerma, está batallando para restablecer la comunicación en la zona de Guerrero devastada por el paso del huracán Otis. En Acapulco los 56 sitios no están operando debido a la fractura de su red de fibra óptica en muchos tramos del puerto, la falta de energía eléctrica y la caída de torres y no acceso a esos sitios. Desde el jueves pasado el operador que preside Anthony McCarthy tiene trabajando en la zona a 12 cuadrillas. Asimismo, desplazaron 20 enlaces satelitales de la compañía Starlink que pertenece al multimillonario Elon Musk, los cuales consiguieron de emergencia, amén de seis torres móviles, 20 generadores y pipa con 30 mil litros de combustible, más otras refacciones. Altán fue el único operador que tras la salida de Otis proveyó comunicaciones en Chilpancingo. Incluso abrió el servicio para roaming a AT&T, que preside Mónica Aspe. Junto con sus Operadores Móviles Virtuales está otorgando 10 gigabytes por una semana gratis en Acapulco. EN LOS PRÓXIMOS días vamos a ver de qué está hecho el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El organismo que dirige José Sánchez está obligado a aplicar multas de 25 millones de pesos a tres escuderías de la Fórmula 1 que violaron una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 437/2023, que ratifica la propiedad de los derechos de las marcas F1 y Fórmula 1 a la empresa Bardahl. Se tiene evidencia fotográfica que durante el Gran Premio de este fin de semana, Ferrari, Red Bull y Mercedes AMG F1 Petronas promovieron en sus monoplazas, trajes de pilotos y stands del evento, marcas de aceites y lubricantes que compiten con la mexicana del empresario Sergio Díaz. Varios tribunales colegiados en materia administrativa del Primer Circuito han resuelto que Bardahl es la titular de esas marcas desde hace 44 años, controversia que llegó hace unas semanas al máximo tribunal que preside Norma Piña y que también les dio la razón. MUY TARDE LLEGÓ, también el jueves pasado, la inhabilitación a Impromed, destacado miembro del llamado Cártel de los Chupasangre. Ese día la Secretaría de la Función Pública, al mando de Roberto Salcedo, publicó en el Diario Oficial de la Federación la circular en la que avisa a todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, a empresas productivas del estado y a entidades federativas, de abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con esa compañía especializada en servicios de laboratorio y banco de sangre. Pero lo que en el gobierno de la 4T, o no saben o se hacen de la vista gorda, es que el dueño, Fernando Cheín, hace meses que cambió el nombre de su empresa a Intermet, con la cual en los primeros días de agosto el IMSS, de Zoé Robledo, le adjudicó 15 contratos por 2 mil 388 millones de pesos. TAMBIÉN EL JUEVES pasado fue liberado el empresario Ramón Andreú. Recién le había comentado que se giró orden de aprehensión en su contra tras haber sido acusado de tomar posesión de una bodega, cuentas y dispositivos electrónicos para efectuar operaciones financieras de la razón social Suave y Fácil, controladora de la empresa CV Directo, especializada en ventas por televisión. Salió con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. No fue fianza, sino una garantía económica y firma que ofrecieron sus abogados. La contraparte va intentar vincularlo a proceso en cosa de horas, pero hasta donde se sabe Andreú ya cumplió con todo lo que la juez le instruyó y no habría razón para procesarlo, a menos que no se presentara a comparecer. POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE