Washington.- El arresto de César Duarte, el exgobernador priista del estado de Chihuahua, es un parteaguas y gran reto para la nueva Fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy, porque es uno de los casos de corrupción política y de impunidad que coadyuva a que en la mente de la sociedad persista la idea de que el sistema judicial del país se hizo para castigar a los pobres y proteger a poderosos y ricos.

Si Godoy, con su actuar de aparente imparcialidad, al precio que sea, busca borrar el legado de ineficacia y, tal vez, complicidad delincuencial por amistades y nexos políticos de Alejandro Gertz Manero, tiene que llegar al fondo de este caso emblemático de saqueo descarado al erario en el que nombres importantes de la política nacional estarían embarrados.

El próximo 21 de diciembre se cumplen ocho años de que el diario estadunidense The New York Times publicó en su primera plana el reportaje de investigación que por varios meses llevamos a cabo Azam Ahmed y este tecleador, sobre la escandalosa red de corrupción y robo con trasfondo electoral que llevó a cabo el gobierno de Enrique Peña Nieto, teniendo como alfiles a Luis Videgaray, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a Duarte en la gubernatura de Chihuahua.

Ese trabajo reporteril abrió la caja de Pandora del saqueo y desvío de miles de millones de pesos a las arcas del gobierno federal, a las de Chihuahua y a las de otros estados gobernados por priistas.

Increíblemente, como casi siempre ocurre en el país, la justicia mexicana comenzó a trabajar, y la prensa nacional a inmiscuirse porque un periódico de Estados Unidos con influencia mundial publicó evidencias irrefutables de un caso de corrupción política de gran envergadura.

No pretendo ni es mi papel hacer una bitácora del caso Duarte.

Está documentado todo lo que ocurrió, su huida a Estados Unidos; su extradición a México; las órdenes de aprehensión a miembros de su familia como su esposa, por ejemplo; su encarcelamiento en Chihuahua en una celda de lujo con cocinero privado y todo; y la sospechosa decisión de Gertz Manero de no atraer el caso a la FGR pese a las acusaciones a nivel federal. ¿Cómo olvidar que Duarte fue tratado con algodones en prisión por la gobernadora panista Maru Campus? Lo documenté en la revista Proceso. ¿O que el gobierno de Chihuahua se desistió de trabajar con las autoridades del estado de Texas para confiscar las decenas de propiedades del gobernador y su familia en la entidad texana y en el estado de Nuevo México? Hechos que, con videos y documentos oficiales del gobierno mexicano y estadunidense, también expuse a nivel nacional.

Son pocas las piezas sueltas del rompecabezas que debería colocar en el lugar adecuado la fiscal Godoy para exponer la gran trama de corrupción de Duarte y sus compinches y que contribuiría a que la sociedad mexicana recupere lo que se ve perdido: confianza en la justicia.

Desde que el sistema judicial de Chihuahua, bajo la gubernatura de Campos, dejó en libertad a Duarte, éste regresó a las andadas.

Insisto, los compinches del ex gobernador priista a nivel federal, todo mundo los conoce y sabe dónde se encuentran. Permea la percepción de que no los tocarán y ojalá la fiscal Godoy demostrará todo lo contrario y que estamos equivocados porque sí habrá justicia implacable.

El “Padrino”, como le dicen sus allegados y súbditos a Duarte en el estado que gobernó, al poner un pie fuera de prisión, se reintegró a las operaciones de corrupción. Su primo, Everardo Medina, subsecretario de Obras Públicas en su sexenio y titular del Grupo Constructor Meda, como exponen expedientes que recogió y congeló la FGR de Gertz Manero, es mencionado como uno de tantos implicados en el saqueo al erario y como frente para lavar dinero de la fortuna oculta de Duarte.

La fórmula más efectiva para atacar el crimen organizado y a la corrupción gubernamental es, y siempre lo será, la ruta del dinero.

El hilo se revienta por lo más delgado. En el estado de Chihuahua y en los medios de comunicación locales que lo han denunciado, se denuncia que Medina da la bendición para mover millones de dólares en el gobierno del estado. Como asesor de obras del gobierno, decide a qué empresas y personajes se le asigna obras públicas y colecta por ello.

La sombra detrás del presunto esquema de saqueo es Duarte, emulando a la que detrás de él estuvo a nivel federal en el sexenio de Peña Nieto.

Sin implicados en el caso Duarte no se entiende la Operación Zafiro, por ejemplo, tampoco lo que se publicó hace casi ocho años en el Times.

POR J. JESÚS ESQUIVEL

COLABORADOR

@JJESUSESQUIVEL