La zona Metropolitana de la capital potosina volvió a convertirse en un escenario de tensión vial y política debido a las recientes manifestaciones de un sector del taxismo potosino. El conflicto entre un grupo del gremio contra la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes han provocado cierres en avenida Chapultepec, el Circuito Potosí y la avenida Salvador Nava.

Desde la perspectiva de los choferes movilizados, encabezados por su representante Crispín Segura Lara, las protestas no responden a un capricho individual sino a un "hartazgo de años" motivado por lo que consideran una competencia desleal y desmedida por parte de los vehículos particulares que operan a través de aplicaciones digitales.

Segura Lara sostiene que el marco normativo actual en San Luis Potosí ya está armonizado conforme a las directrices de la Suprema Corte de Justicia, lo que faculta a las autoridades a retirar de circulación a todo vehículo de plataforma que preste el servicio de manera irregular.

El vocero argumenta que el gremio tradicional aporta anualmente entre 36 y 38 millones de pesos al Estado mediante conceptos de refrendo y revista vehicular, mientras que las empresas de redes de transporte evaden contribuciones fiscales equivalentes, "la competencia es enorme y nos deja en total desventaja", afirmó.

Los manifestantes desmintieron las versiones oficiales sobre la existencia de mesas de negociación, asegurando que desde marzo han enviado diversos oficios formalizando sus quejas, de los cuales solo uno recibió respuesta, calificándola como evasiva. Ante la falta de acuerdos, el grupo ha exigido de manera formal la destitución de la titular de la dependencia.

"Es un grupo minoritario que busca medidas radicales fuera de la ley"

Por su parte, la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta, minimizó el alcance de la movilización, asegurando que el conflicto está focalizado en un grupo muy reducido de concesionarios y que no representa el sentir del grueso del sector en el estado.

De acuerdo con las cifras de la funcionaria, la SCT tiene un padrón registrado de cinco mil 451 vehículos de transporte público en la zona metropolitana, de los cuales únicamente 22 unidades participaron en las protestas. Martínez Acosta aseguró que se mantiene una estrecha coordinación con el 99% de los taxistas, quienes ya aceptan que "las plataformas llegaron para quedarse" a nivel mundial y colaboran en el desarrollo de una aplicación estatal propia.

La secretaria enfatizó que las demandas de este grupo inconforme exigen la desaparición total de las aplicaciones o "la detención masiva y consignación" de los operadores digitales. Al respecto, subrayó que la dependencia actúa bajo un estricto apego a derecho y que, debido a amparos y determinaciones judiciales vigentes, la vía correcta es reformar la Ley de Movilidad junto al Congreso para establecer las reglas y cuotas de registro para estas empresas, y no recurrir a detenciones arbitrarias.

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 La titular de la SCT deslizó que detrás de estas movilizaciones existen presiones políticas externas e intentos por encubrir irregularidades individuales, tales como unidades clonadas o unidades que no han cumplido con sus trámites de regularización obligatorios (revista anual). Advirtió que, si bien el diálogo permanece abierto, no se tolerará que se violente el libre tránsito de la ciudadanía y ya se evalúa la implementación de procedimientos administrativos y denuncias formales.