La violencia contra las mujeres se ha convertido en un tema espinoso para el Gobierno mexicano, los delitos no han hecho más que aumentar en los últimos años, sumado a la pandemia que aceleró la epidemia de violaciones, golpes y agresiones, y su peor consecuencia, el feminicidio. Tanto la federación como el gobierno del Estado ha insistido en una disminución de delitos de este tipo en el segundo semestre del 2021, no obstante, México no baja de su trágica marca de 10 mujeres asesinadas cada día. En el primer semestre del año, de los 423 asesinatos de mujeres, el 57,4% de los casos se concentra en ocho entidades: Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Sinaloa, Chiapas, Jalisco y San Luis Potosí. De enero a octubre del 2021, la zona Bajío es una de las regiones con más incidencia en feminicidios, en Jalisco se han registrado 54, Guanajuato 28, la Fiscalía General de San Luis Potosí abrió 19 carpetas de investigación por el delito de femicidio, Zacatecas pese a su alta incidencia delictiva, se han registrado 10 muertes de mujeres con presunción de feminicidio, y en Querétaro 7.

En noviembre la secretaria de seguridad y protección ciudadana presentó once acciones para disminuir la violencia contra las mujeres, entre las que se encuentra reuniones con la federación con alcaldes electos para exponerles la incidencia de violencia contra las mujeres en sus municipios y enseñar a las autoridades a reportar los casos rápidamente. Así como el fortalecimiento de la estrategia de seguridad del Estado, al ampliar de 15 a 50 municipios, en coordinación con autoridades, donde se da seguimiento a las carpetas de investigación de los delitos contra las mujeres para abatir la impunidad.

Para amnistía internacional la violencia feminicida y las deficiencias en su investigación y prevención forman parte de una realidad más amplia del país, e inicia con la entidad procuradora de justica Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte, incluyendo las Convenciones de Belem do Pará o de la CEDAW, y las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres, declaró Edith Olivares Ferreto, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México. “El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades. Por ello, seguimos insistiendo en que el tema de la violencia contra las mujeres ocupe un lugar prioritario en la agenda del gobierno federal y de los gobiernos locales”, precisó Edith Olivares Ferreto.