Lo ocurrido el pasado 1 de abril en el Congreso local, donde se registró un enfrentamiento entre colectivos ciudadanos y personal de seguridad, no fue un hecho aislado ni inesperado, sino la consecuencia directa de incumplimientos legislativos, afirmaron los activistas César Zafra y Walter López. En entrevista, los representantes de colectivos explicaron que la protesta surgió tras la falta de avances en diversas iniciativas ciudadanas, entre ellas la de identidad de género, movilidad segura, derecho a decidir y acceso al agua. Todas, aseguraron, comparten un origen común: fueron impulsadas desde la sociedad civil organizada. Walter López señaló que el punto de quiebre ocurrió el 20 de marzo, cuando no se cumplió el acuerdo de dictaminar la iniciativa de identidad de género. “El dictamen ya estaba listo, había consenso e incluso votos asegurados, pero fue retirado sin explicación clara”, afirmó. El activista subrayó que este incumplimiento no solo afectó a un colectivo, sino que evidenció un patrón que también impactó a otros movimientos ciudadanos con iniciativas estancadas en el Congreso. Ante esta situación, los colectivos decidieron manifestarse de manera pacífica durante el cambio de la mesa directiva. Sin embargo, denunciaron que se les impidió el acceso al recinto legislativo, lo que derivó en confrontaciones con el personal de seguridad. César Zafra, quien resultó afectado durante el incidente, calificó los hechos como preocupantes, al tratarse de un espacio donde debería prevalecer el diálogo. “Es un poder legislativo, donde se supone que se discute y se habla, pero la respuesta fue distinta”, expresó. Tras los hechos, los colectivos presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del estado, encabezada por Luisa Alcalde, con el objetivo de que se investigue la actuación del personal de seguridad. No obstante, ambos activistas insistieron en que el foco no debe centrarse únicamente en la violencia, sino en las causas que originaron la protesta: el incumplimiento de acuerdos y la falta de voluntad política para avanzar en temas que, señalaron, llevan años en discusión. Asimismo, rechazaron que exista injerencia de partidos políticos en la movilización, al afirmar que se trata de un movimiento genuinamente ciudadano. “Pensar que un partido manipula a estos colectivos es minimizar su capacidad de organización y análisis”, sostuvieron. Respecto a los siguientes pasos, informaron que ya sostuvieron un primer acercamiento con el nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso, con quien acordaron retomar el diálogo y buscar la reactivación de las iniciativas pendientes. Entre los compromisos destacan la posible reprogramación de la discusión sobre identidad de género durante abril, así como avances en las iniciativas de movilidad y derecho a decidir en los próximos meses. A pesar del conflicto, los colectivos reiteraron que continuarán su lucha. “No vamos a claudicar. Las causas permanecen, los políticos son pasajeros”, enfatizaron. Finalmente, hicieron un llamado a que el Congreso de Querétaro cumpla con su responsabilidad de armonizar la legislación local con los criterios nacionales y resoluciones de la Suprema Corte, especialmente en temas que, afirmaron, ya han sido ampliamente debatidos