En medio de protestas de madres buscadoras fuera del Congreso, la fiscal María Manuela García Cázares se presentó a comparecer ante los diputados por el informe anual de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. El evento comenzó veinte minutos tarde de lo citado – nueve de la mañana-, en un Salón de Pleno más lleno que de costumbre y con Cázares tomando protesta de manera protocolaria, comprometiéndose a informar con datos verídicos lo ocurrió en la Fiscalía General del Estado durante el último año, la cual anteriormente estaba en manos de José Luis Contreras quien renunció para competir por un puesto de magistrado en el Supremo Tribunal de Justicia. Tras quince minutos de exposición de datos, con cifras crecientes y sin resultados precisos. Cázares informó como logros: 47.75% de reducción en homicidios dolosos y 37% de disminución en robo de vehículos cuestiones que no corresponden propiamente a la Fiscalía por su carácter investigador más que preventivo.

 Entre las que sí son sus responsabilidades, notificó el 61% de incremento en carpetas de delitos contra la salud, junto con un aumento de 95% en vinculaciones por narcomenudeo expresando que “éste resultado evidencia la efectividad de las judicializaciones y el trabajo ministerial al garantizar que un mayor número de imputados enfrentará un proceso penal”. Ante la progresión de carpetas y detenciones los resultados expresados en materia de seguridad fueron presentados como “avances significativos en reducción de incidencia delictiva de alto impacto” y “fortalecimiento de capacidades de investigación altamente especializadas” con “tendencia a la baja”. Demostrando imprecisión en la percepción de seguridad ciudadana ante las medidas efectuadas por la institución. En materia operativa destacó los cateos realizados en Villa de Pozos, Mexquitic de Carmona y Villa de Reyes que permitieron el aseguramiento de diversos inmuebles utilizados para almacenar drogas, uno de ellos vinculado con un grupo generador de violencia en la zona Metropolitana sin profundizar en las circunstancias, implicados, condiciones o procedencia de dicho grupo. Sobre la violencia contra la mujer expuso como logro la judicialización de 746 carpetas, representando un aumento del 23% en comparación con el año anterior y asegurando que la respuesta oportuna y eficiente de la fiscalía frente a situaciones de riesgo habría concluido en la judicialización y vinculación del 100% de los casos de feminicidio con un total de 313 audiencias penales de las cuales 8 resultaron en sentencias condenatorias pero superando en un 33.33% la cifra del año anterior, contrastando con las madres que afuera del recinto exigían justicia por sus hijas desaparecidas. Llegado el momento de las preguntas únicamente un legislador representante de cada bancada tuvo oportunidad de realizar preguntas a la titular. De las seis intervenciones, Diana Ruelas diputada del PT y Criógono Pérez de Nueva Alianza cuestionaron a la fiscal sobre información ya presentada durante su informe como el uso de la ciencia y tecnología en la investigación o las acciones para combatir violencia familiar, ocasionando que la funcionaria únicamente repitiera las cifras que había mencionado con anterioridad. Marco Gama diputado de Movimiento Ciudadano y Dulcelina Sánchez del PVEM realizaron preguntas ambiguas como la necesidad de una fiscalía especializada en desapariciones o el personal que hacía falta en el organismo. Por otra parte, hubo preguntas sin respuesta como la presentada por la diputada de oposición priista Frinné Azuara, quien cuestionó a la mandataria sobre la estrategia de comunicación de la Fiscalía que permitiera combatir la falta de información sobre el seguimiento de investigaciones que aquejan a la población. Refiriéndose a casos como la violencia dentro y fuera de la UASLP que permanecen con responsables en libertad y el hallazgo de cuerpos cuya causa de muerte nunca resulta esclarecida. A lo que Cázares argumentó una comunicación más que oportuna con más mil 600 boletines compartidos por el área de comunicación social, señalando que hay investigaciones en las que por su naturaleza no permiten compartir información sobre los avances. Del mismo modo, la pregunta realizada por la diputada del PAN Mireya Vancini, cuyo turno fue intercambiado por el de su compañero Marcelino Rivera, quien cuestionó las acciones realizadas en materia de tortura resultó únicamente en la declaración de la creación de la fiscalía especializada en marzo, y asegurando que hay diversas carpetas abiertas -sin especificar número y que es en penales del interior del estado en dónde se han presentado. En contraste, la bancada Morenista se abstuvo en su totalidad de cuestionar las acciones o inoperancias de la Fiscalía en el Estado. La comparecencia concluyó en medio de aplausos, con preguntas pendientes como la filtración del video de la declaración de culpabilidad del implicado en el homicidio del pasante de estomatología, la implicación de elementos de la guardia civil estatal en el hallazgo de cuerpo en las inmediaciones con Zacatecas, la libertad de la que goza el tercer implicado en el caso de abuso sexual dentro de la UASLP, entre otras preguntas importantes que no se realizaron.