El secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción y la presidenta del Comité de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, acudieron en días pasados a la ciudad de Aguascalientes, para participar en la primera sesión extraordinaria del Sistema Nacional Anticorrupción, donde se hizo un llamado a poner énfasis a las designaciones pendientes en los sistemas estatales anticorrupción y prever una adecuada asignación presupuestal para garantizar los resultados que se esperan del sistema. El secretario técnico, Jesús Rafael Rodríguez López, explicó que se puso sobre la mesa, el tipo de corrupción que debe combatirse y la incorporación de la perspectiva de género. “Es muy importante verificar que la legislación debería de contemplar procesos adicionales para evitar los obstáculos en la investigación y sanción de actos de corrupción”, apuntó. Durante la reunión, se estableció que actualmente se encuentran 28 Políticas Estatales Anticorrupción ya se encuentran aprobadas y de esas, 13 ya cuentan con un Programa de Implementación. Por su parte, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Laura Moreno Martínez, explicó que actualmente se está trabajando en evaluaciones sobre la percepción y funcionamiento de la figura del Comité de Participación Ciudadana y los sistemas estatales anticorrupción. Añadió que, durante la reunión, se informó que se hizo un levantamiento de información de sujetos obligados directos e indirectos y se recabó el dato de más de 7 mil entes públicos los que deben conectarse a la Plataforma Digital Nacional, cuyo proceso implica la elaboración de una política de datos abiertos como el paso previo para la estandarización de datos. Durante la primera sesión extraordinaria del Sistema Nacional Anticorrupción, se habló sobre los procesos de compras públicas y el ciclo de contratación pública en México, donde se detectaron problemas como regulación deficiente del proceso, escasa planeación de las contrataciones, bajo nivel de competencia, entre otros. Entre los acuerdos de la reunión fue que se busca que el asunto de compras se establezca como un tema de importancia para el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo cual se busca el establecimiento de un banco de buenas prácticas locales, con la finalidad de que se transparenten los procesos de compras y contrataciones públicas.