El Congreso de México se prepara para iniciar esta semana un periodo extraordinario de sesiones en el que debatirá un paquete de reformas impulsadas por el Ejecutivo federal, centradas en el sistema de justicia y en cambios a la legislación electoral. Entre las propuestas destaca el aplazamiento hasta 2028 de la segunda elección judicial y la incorporación de la injerencia extranjera como causal de nulidad de los comicios. La presidenta del Senado y de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, informó este domingo que el martes 26 de mayo se llevará a cabo la sesión de Congreso General para instalar el Primer Periodo Extraordinario, convocado por la Comisión Permanente el pasado 21 de mayo. Según la agenda legislativa difundida por la senadora, la Cámara de Diputados fungirá como cámara de origen, mientras que el Senado actuará como cámara revisora en el análisis de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo.

El eje principal de la discusión será una reforma constitucional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la que se busca posponer de 2027 a 2028 la segunda elección del Poder Judicial, tanto a nivel federal como local. La propuesta forma parte de la agenda oficialista enfocada en reforzar los mecanismos de integridad y evaluación de candidaturas, en medio del creciente escrutinio público sobre los perfiles que aspiran a cargos de elección popular y las acusaciones sobre posibles vínculos con organizaciones criminales. Además, ambas cámaras analizarán reformas constitucionales y legales para establecer como causal de nulidad electoral la comprobación de injerencia extranjera en los procesos comiciales. El periodo extraordinario coincidirá con la realización de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), que tendrá como sede el Senado mexicano y se desarrollará del martes 26 al jueves 28 de mayo.

La ruta legislativa prevé que los dictámenes sean discutidos primero en San Lázaro y posteriormente enviados al Senado para su revisión y eventual aprobación.

El proceso ocurre en un contexto marcado por la reciente reforma judicial de 2024 y tras las elecciones judiciales de junio de 2025, en las que cerca de 100 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas, aunque la participación apenas alcanzó el 13 %. El paquete legislativo también contempla modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear un órgano dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) encargado de revisar, de manera previa, la probidad de las personas postuladas por los partidos políticos.

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