Es viable que en la Cámara de Diputados el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) respalde la propuesta de reforma electoral de Morena, tal como ocurrió con la reforma de la Guardia Nacional para adherirse a la Sedena, confió Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de la Asociación Civil “Que siga la Democracia”. “Yo creo que puede ser que también voten a favor, y no solamente invitamos al PRI a votar a favor, también al PAN, a Movimiento Ciudadano, al PRD, a todos porque son propuestas en beneficio de la población…”, sostuvo. Será el próximo 15 de octubre cuando se analice y discuta esta reforma electoral en la Cámara de Diputados. Entre los alcances de la reforma electoral destacó Jiménez Godoy reducir el número de diputadas y diputados federales de 500 a 300 legisladores. También se propone reducir el número de senadores y senadores de 128 a 96, que en ambos casos representarían un ahorro de 3 mil millones de pesos. Asimismo, reducir el número de diputaciones locales en todo el país de hasta 500 congresistas, que representarían un ahorro de 5 mil millones de pesos al año. Otra de las propuestas es reducir el número de regidurías en los más de 2 mil 500 municipios en el país, donde varios de estos tienen más de 20 regidores, y se propone que haya solamente 9 por municipio, lo que significaría ahorros de 6 mil millones de pesos al año. También contempla la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales, en el caso de San Luis Potosí el Ceepac, "porque solamente tienen carga laboral cuando tienen elecciones y cuando no, no hacen nada, pero son una carga burocrática para las finanzas del país". Manifestó que solo significa un retroceso ni debilita la democracia. "Claro que no están de acuerdo porque no quieren bajarse los sueldos, no están de acuerdo porque no quieren quitarse las prestaciones, porque los partidos políticos no quieren deshacerse de su presupuesto, obviamente no están de acuerdo por eso", reviró. Entre otras propuestas contemplan el voto electrónico, reducir el presupuesto a partidos políticos nacionales y locales y que reciban recursos públicos solamente en años electorales, y la reducción de consejos electorales en el INE, los nombramientos de magistrados por la ciudadanía, entre otros.