La reforma al Poder Judicial, impulsada por el partido Morena, ha generado un debate polarizado en el país. Mientras algunos la ven como un esfuerzo por democratizar la justicia, otros la perciben como una maniobra política para cooptar uno de los órganos más importantes de México, así lo consideró en entrevista para “Así las Cosas”, Fernando Castro Rubio, presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. "Más allá de los discursos, la verdadera inspiración de la reforma es política. Apunta a reducir el poder de la Corte Suprema, que ha obstaculizado varias reformas del Ejecutivo durante el sexenio de AMLO", comentó. Comentó que la elección de jueces mediante voto popular es uno de los puntos más controvertidos de la reforma. "En dos países de América Latina, Estados Unidos y Bolivia, los jueces son elegidos por voto popular en ciertos niveles, pero estos sistemas no han demostrado una democratización efectiva", agregó Castro Rubio, haciendo énfasis en que la politización del sistema judicial podría volverse un arma de doble filo para Morena en el mediano plazo. En el plano económico, Castro Rubio expresó su preocupación por el impacto que la reforma podría tener sobre la confianza de los inversionistas en México, en este caso dijo que el panorama económico global no es favorable ya que las manufacturas en Estados Unidos están en descenso, lo que ya está afectando las tasas de interés y, por ende, el flujo de capital hacia países como México. Asimismo, añadió que la incertidumbre política y la reforma judicial están provocando que algunas empresas reconsideren sus planes de inversión en el país. Un caso paradigmático es el de Tesla, cuya planta en Nuevo León, anunciada con gran entusiasmo hace dos años, aún no se ha construido. "La incertidumbre ha hecho que Tesla y otras empresas detengan sus proyectos. Esto no solo retrasa la creación de empleos, sino que también frena la transferencia de tecnología a México", advirtió Castro Rubio. Otro tema que destacó fue el creciente endeudamiento del gobierno mexicano. "Esta administración dejará una deuda histórica de 6,6 billones de pesos, lo que limita el acceso a financiamiento externo y pone presión sobre las finanzas públicas", explicó. Esto, sumado al control sobre el sistema judicial, podría generar una mayor fiscalización por parte del SAT, lo que crea incertidumbre entre los empresarios.