Ni la Guardia Nacional ni la Fuerzas Armadas deben ser consideradas como “el pilar” que trabaje por garantizar la seguridad en las calles, sino que deben ser las corporaciones policiacas civiles a nivel estatal y municipal quienes desempeñen esta tarea, enfatizó el presidente local de Coparmex, Luis Gerardo Ortuño, respecto de la reforma aprobada en la Cámara Baja para que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional. “Creemos que ni la Guardia Nacional ni la Fuerzas Armadas deben ser consideradas el pilar para devolver la tranquilidad en las calles, sino que deben ser las corporaciones policiacas civiles a nivel estatal y municipal quienes desempeñen esta tarea”. Expuso que la función de la Federación no debe ser suplantar el rol de las policías locales, sino que debe complementarse en el ámbito de su competencia. Abundó: “Militarizar las corporaciones no es la solución a la inseguridad”, por el contrario, dijo que representa un grave peligro para México, sobre todo para la democracia. Luis Gerardo Ortuño indicó que la reforma no soluciona de fondo la creciente inseguridad, por lo que comentó que para frenar la escalada de violencia que se presenta en el país, en particular la región Bajío, a la cual pertenece la entidad potosina, se debe implementar una estrategia real. Lamentó que, en la Cámara de Diputados, la iniciativa haya sido aprobada “fast track” por lo que, desde la Coparmex, se hace un llamado a los senadores a que privilegien en diálogo abierto en torno a la discusión de la misma. “Es lamentable que la Cámara de Diputados haya llevado a cabo una aprobación ‘fast track’ de la propuesta pues es un tema trascendental para la vida institucional, legal, social y democrática del país y que requiere un análisis minucioso y una amplia discusión por parte de los legisladores”, comentó. El líder empresarial adelantó que en caso de que el Senado también apruebe el decreto, esta cámara empresarial buscaría interponer algún recurso legal para impugnar la resolución que, a su consideración, “es evidentemente inconstitucional”.