La confluencia de un año electoral con una incrementada producción regional de drogas, una migración sin precedentes, crecientes disputas entre cárteles y tensas relaciones con Estados Unidos hacen pensar en las posibilidades de violencia política en México, indicó el más reciente reporte de un grupo especializado. El Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) proyecto del grupo Datos sobre Eventos y Ubicación de Conflictos reportó a principios de año que, según datos recabados, "los niveles de violencia contra funcionarios locales a menudo alcanzan su punto máximo alrededor de los procesos electorales en México". El reporte fue publicado en enero pasado y anota que "la interacción entre los hábitos violentos de la política tradicional y los intereses de los grupos criminales por maximizar su control territorial proporciona un terreno fértil para que la violencia contra funcionarios crezca en 2024, particularmente alrededor del día de los comicios". De acuerdo con un reporte publicado por El Heraldo de México, "el asesinato de candidatos que buscan un cargo de elección en el actual proceso electoral incrementó a 30 casos, cifra que ya rebasó a los 24 homicidos registrados en la jornada de 2018".  En la pasada elección presidencial hubo 30 aspirantes muertos y es probable que la cifra se eleve más este 2024, pues aún faltan dos meses de campaña. Según ACLED, en 2018 se registraron casi 400 incidentes violentos contra políticos y administradores locales, más que en ningún proceso desde entonces. ACLED advirtió que sin importar quién gane, el próximo Presidente va a tener un margen de maniobra reducido y "heredará una situación de seguridad compleja y en constante cambio, en la que se mezclan las actividades ilícitas, la corrupción generalizada y la colusión con grupos criminales (que) obstaculizarán la implementación de cualquier política integral". Consideró que "tampoco es probable que cualquier iniciativa lanzada por el gobierno central tenga éxito sin el apoyo y la coordinación necesaria con los gobernadores y las autoridades municipales, quienes comparten responsabilidades en la implementación de políticas de seguridad pública, pero están más expuestos a ser infiltrados por intereses criminales". Es difícil evaluar la certidumbre de esas palabras. Lo cierto es que casi cuatro meses después, van más de 30 aspirantes asesinados y más de 170 candidatos se encuentran bajo protección armada. Algunos lo atribuyen al clima político, otros a la intervención del crimen organizado. En términos reales, probablemente una combinación de eso y más: una buena parte de los crímenes ocurrió en estados con una fuerte presencia criminal, que si bien no anuncia una intervención organizada de la delincuencia si apunta al ejercicio del veto de poderes "locales" y sus intereses. Es uno de los pendientes para el próximo sexenio. POR: JOSÉ CARREÑO FIGUERAS