San Luis Potosí, SLP. — De cara al proceso electoral de 2027, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) cuestionaron la decisión de eliminar la compulsa automática que permitía detectar, en bases de datos gubernamentales, a personas servidoras públicas vinculadas con programas sociales que buscaran acreditarse como observadoras electorales.

Aunque se mantiene como requisito que quienes participen no sean funcionarios vinculados con programas sociales, operadores de estos programas o Servidores de la Nación, ahora el cumplimiento de esta condición dependerá de una manifestación bajo protesta de decir verdad. El cruce de información entre las solicitudes y las bases de datos de los gobiernos federal, estatales y municipales dejará de realizarse.

El consejero Martín Faz Mora advirtió que eliminar este mecanismo preventivo reduce la capacidad institucional del INE para verificar que las personas solicitantes cumplan con los requisitos de imparcialidad e independencia. Señaló que la sentencia SUP-RAP-4/2023 y acumulados de la Sala Superior estableció la obligación de adoptar medidas para evitar la injerencia de personas servidoras públicas vinculadas con programas sociales y contar con mecanismos que garanticen su cumplimiento.

“Si eliminamos la compulsa, pasamos de un esquema en el que el Instituto realiza una verificación preventiva a otro en el que prácticamente nos limitamos a confiar en lo declarado por la propia persona solicitante”, cuestionó Faz, quien consideró que la prohibición y su mecanismo de verificación cumplen funciones distintas y ambos son necesarios.

La consejera Frida Gómez, impulsora de la propuesta, defendió que no se elimina ningún requisito, pues permanecerán la prohibición, la declaración bajo protesta de decir verdad y las consecuencias jurídicas en caso de falsedad. Guadalupe Taddei señaló que la compulsa había detectado 24 funcionarios de 34 mil 881 solicitudes en 2024 y 270 de 316 mil 430 registros durante la elección judicial de 2025.

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Faz planteó que, en lugar de eliminar el mecanismo, éste debería perfeccionarse mediante procedimientos de aclaración para evitar afectaciones a personas que ya no se encuentren en los supuestos de impedimento. Sin embargo, votó en contra de su eliminación al considerar que, ante un mandato para prevenir la injerencia de operadores de programas sociales, el INE debería fortalecer sus controles y no sustituir una verificación institucional por una autodeclaración.