En 2016, se cumplía el plazo para la desclasificar 102 millones de páginas de documentos secretos y sólo se reveló el contenido de 44 millones de ellas En los últimos meses, el mundo político de Estados Unidos ha sido sacudido por dos escándalos vinculados ambos al descubrimiento de que dos personajes, el expresidente Donald Trump y el actual mandatario, Joe Biden, mantuvieron indebidamente documentos secretos en su poder. Pero está por verse qué tan serias son esas transgresiones, más allá del hecho de que por definición sean consideradas como acciones ilegales y que los dos involucrados, en estos casos, deberían ser o estar entre los primeros y más obligados a respetar la ley. En octubre pasado, hubo necesidad de que agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) hicieran un registro de la casa de Trump, en Florida, para recuperar documentación marcada como secreta y de la que sólo se sabe que abordaban temas como la situación en Irak. En el caso de Biden, la situación es similar en cuanto a la presencia de documentación confidencial de su tiempo como vicepresidente en el gobierno de Barack Obama (2008-2016), en una oficina que ocupó a su salida del gobierno. En Biden, la situación se complica porque la actual mayoría republicana en la Cámara de diputados cree que una laptop "olvidada" por su hijo Hunter en un taller de reparaciones en Delaware en 2020, con un literal tesoro de números telefónicos, información y mensajes incriminatorios, entregada al Partido Republicano en plena campaña presidencial, probará ser un desastre para los demócratas. Pero más allá de las implicaciones políticas, y el real fundamento de las sospechas de lo que contienen esos archivos en ambos casos, está también lo que a veces parece un enloquecedor juego de secrecía en el gobierno estadounidense. Según CNN, en 2016, se cumplía el plazo para la "desclasificación" de tantas como 102 millones de páginas de documentos secretos y sólo se reveló el contenido de 44 millones de ellas. Para complicar más las cosas, hay dos mil 116 manuales o guías de clasificaciones de seguridad, se estima que más de 2.8 millones de personas tienen autorización de seguridad, incluso más de 1.6 millones con acceso a información confidencial o secreta y casi otros 1.2 millones autorizados a recibir o pedir datos ultrasecretos. Claro que podría especularse también, y de hecho hay un debate creciente, en torno a preocupaciones de que la cantidad de información "secreta" o "confidencial" haya sido inflada por el deseo de llamar la atención sobre un reporte determinado y la mejor manera de hacerlo sería darle la llamada de atención adicional de la clasificación como "secreto". De hecho, se habla de un problema de exceso de documentos secretos que no lo son verdaderamente. Tanto que historiadores, investigadores y periodistas se han visto frustrados más de una vez cuando después de largas esperas y procesos de desclasificación el contenido de los documentos "secretos" era realmente inane. Pero en términos políticos, infracción es infracción, sobre todo, si es del adversario.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

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