El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) alertó este jueves que es posible que Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, no sea condenado debido a la débil judicialización del caso y la intromisión al trabajo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) por parte de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR). En conferencia de prensa, Francisco Cox Vial, integrante del GIEI, dijo que la mayor intromisión se dio el 16 de agosto de este año cuando se comisionó a una licenciada de Asuntos Internos de la FGR para que se desempeñara como agente del Ministerio Público de la UEILCA.  “No se explica por qué esta persona debía ser comisionada, no se da explicación, no se justificó (…) Esta persona no tenía conocimiento del caso”, dijo.  Al otro día de que se comisionó a la nueva agente del MP, se obtuvo la orden de aprehensión contra Murillo Karam, quien fue detenido el 19 de agosto por los delitos contra la administración de justicia, desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa. En la audiencia de vinculación a proceso, la agente del MP recién asignada al caso mostró su falta de conocimiento de la carpeta de investigación. “Lo que es más grave, en opinión del GIEI, es que se dejaron de incluir evidencias y antecedentes probatorios que hubiesen fortalecido aún más la responsabilidad del ex procurador Murillo Karam”, lamentó Francisco Cox Vial.  “Producto de esta judicialización débil del exprocurador Murillo Karam, se corre el riesgo de que posteriormente no se logre una condena, aunque hay evidencias y pruebas de la participación del señor en la construcción de la mal llamada ‘verdad histórica‘”, agregó. Señaló que un problema estructural de sistema penal mexicano es que se tiene una atención mayor a la detención que a la condena. “Lo que parece importar es la oportunidad fotográfica de una detención, de una vinculación a proceso, sin importar el resultado de esa formalización”, dijo. Además, la FGR intervino en el trabajo de la UEILCA al cancelar 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se habían obtenido contra posibles implicados en el caso Ayotzinapa, entre ellos, contra elementos del Ejército y personal del C4.  “Estas órdenes de aprehensión fueron concedidas por el juez, es decir, en su momento se consideró que se tenía evidencia suficiente para girarlas”, dijo. También acusó que por instrucciones de la FGR la UEILCA se quedó sin policías de investigación en agosto, además de que se han ordenado auditorías en su contra. “Parece ser que esto fue ordenado con un criterio ajeno a la investigación”, criticó. Cabe apuntar que por las intromisiones a su trabajo, Omar Gómez Trejo, fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación por el caso Ayotzinapa, presentó su renuncia el 27 de septiembre tras haber estado tres años en el cargo. --

Con información de Latinus