El reciente decreto federal que restringe el uso del programa IMMEX para la importación de calzado terminado representa un avance significativo, aunque no definitivo, en la defensa de la industria nacional, así lo aseguró Juan Carlos Cashat Usabiaga, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG). Cashat explicó que el esquema IMMEX fue diseñado originalmente para facilitar la importación temporal de insumos o componentes que serían transformados en México y luego exportados, todo ello sin el pago de impuestos durante el proceso. No obstante, denunció que en los últimos años este mecanismo fue utilizado de manera indebida para ingresar calzado terminado que no era transformado ni exportado, sino comercializado directamente en el mercado nacional sin cumplir con las obligaciones fiscales. “Este decreto es una gran noticia para nosotros en la industria. No va a cambiar la situación de un día para otro, pero es un paso importante hacia la equidad en el sector”, expresó el líder empresarial. Los datos revelan la magnitud del problema. En 2022 se detectaron 3 millones de pares de calzado introducidos al país mediante IMMEX. En 2023, la cifra subió a 15 millones y para 2024 alcanzó los 40 millones, lo que equivale a casi una quinta parte de la producción nacional anual. Sin embargo, Cashat advirtió que aún persisten otras formas de contrabando y evasión fiscal que continúan afectando gravemente a la industria del calzado.

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“Debemos seguir trabajando en otros frentes, como el combate al contrabando técnico y al uso indebido de programas similares. IMMEX fue solo un ejemplo del abuso que enfrentamos”, agregó. Con información de Zona Franca