La Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro documentó 13 violaciones a derechos humanos en expedientes abiertos entre 2024 y 2025, que derivaron en recomendaciones dirigidas a autoridades municipales y estatales; mientras que en la gestión de 2022 a 2027 hay un total de 25 recomendaciones. Los casos involucran detenciones, actuación policial, condiciones de reclusión, atención educativa y conductas de servidores públicos. De acuerdo con los expedientes, las autoridades señaladas incluyen juzgados cívicos municipales, corporaciones de seguridad, dependencias del Poder Ejecutivo estatal y organismos educativos. Las resoluciones abarcan hechos ocurridos en municipios como Corregidora, San Juan del Río, El Marqués, Colón y Ezequiel Montes. Entre los casos más recientes, se encuentra el expediente DDH/121/2024, en el que se acreditaron violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, integridad personal y trato digno durante la detención de una persona en Corregidora. La autoridad no demostró haber informado sobre el derecho a contar con defensa legal ni garantizó condiciones básicas como alimentación, agua y acceso a medicamentos. La recomendación fue aceptada en su totalidad. En otro expediente, DDH/QO/16/2024, se documentó la muerte de una persona dentro de una celda en San Juan del Río tras ser detenida por faltas administrativas. En este caso, se acreditaron violaciones a la libertad personal, vida e integridad, y la recomendación se encuentra en proceso. Diversos expedientes señalan irregularidades en intervenciones policiales. En El Marqués, se documentaron agresiones físicas, detenciones arbitrarias y uso indebido de la fuerza contra cinco personas, incluso con participación de elementos sin uniforme ni identificación. En otro caso del mismo municipio, una persona falleció tras un traumatismo abdominal derivado del uso excesivo de la fuerza. En Colón, tres personas fueron detenidas sin fundamento legal tras un incidente relacionado con una sucursal del Banco del Bienestar. En Ezequiel Montes, siete personas fueron retenidas sin explicación legal ni condiciones adecuadas tras descender de la Peña de Bernal. Otros expedientes involucran omisiones en el ámbito educativo. En uno de los casos, se acreditó que autoridades educativas no aplicaron protocolos para proteger a un menor, lo que vulneró su derecho al desarrollo integral. En otro, una menor falleció en un plantel preescolar por falta de supervisión. También se documentaron actos de discriminación contra una persona artista no binaria en un museo estatal, así como casos de acoso sexual contra una trabajadora en una dependencia deportiva y contra una mujer por parte de un servidor público municipal. En un expediente adicional, se acreditaron fallas en la atención de un caso penal que involucró a una adolescente, donde se identificó falta de perspectiva de género y deficiencias en la defensa legal. En la mayoría de los casos, las autoridades aceptaron las recomendaciones emitidas. Un dato relevante es que varias de las resoluciones coinciden en la falta de documentación por parte de las instituciones para acreditar que cumplieron con sus obligaciones.