La jueza Nancy Juárez, quien dio un ultimátum para eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma judicial, será denunciada ante el Consejo de la Judicatura Federal. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la orden de la titular del juzgado Décimo Noveno de Distrito, con sede en Coatzacoalcos, carece de sustento jurídico y rebasa sus atribuciones. En su conferencia matutina, manifestó que la publicación del decreto no se eliminará del DOF, ya que “una jueza no está por encima del pueblo de México” y ratificó que habrá elección el próximo 1 de junio. Consideró pertinente que Guadalupe Taddei, presidenta del INE, solicite al Tribunal Electoral aclarar qué instancia tiene la facultad final para determinar si procede o no la elección. Luego de darse a conocer la intención de denunciar a la jueza, la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed) advirtió que el orden constitucional y el Estado de derecho se han roto en México. Recordó que en cualquier país democrático, las objeciones a las decisiones judiciales se controvierten agotando los medios de impugnación, no con amagos de denuncias contra jueces. La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, informó que denunciarán ante el Consejo de la Judicatura Federal a la jueza Nancy Juárez, quien ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar la publicación del decreto de la reforma al Poder Judicial. Desde Palacio Nacional, en la conferencia matutina, Sheinbaum advirtió que su gobierno no bajará la publicación del Diario OFicial de la Federación (DOF). Tras darse a conocer la orden de la jueza de Veracruz y que, en caso de no cumplirla, la Presidenta podría enfrentar de tres a nueve años de prisión, Sheinbaum aseveró: “Una juez no está por encima del pueblo de México”. Godoy acusó a la jueza de querer erigirse por encima de la soberanía del pueblo y del poder reformador del Congreso de la Unión. "Se hará, hasta donde la Presidenta ha informado, una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que revisen la actuación de los jueces de Distrito que están contraviniendo la Constitución, sus propios criterios, su propia jurisprudencia, y que determine el Poder Judicial si están actuando bien o no estos jueces de Distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso”, afirmó. La mandataria federal aseveró que la reforma judicial va, y ni un juez, ni una jueza, ni ocho ministros pueden frenarla. "No vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero no queremos que quede en la impunidad, queremos que quede un antecedente de que hay una jueza que, por encima de su función, está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo”, anunció. En su intervención, el exministro Arturo Zaldívar aseguró que las suspensiones a la reforma al PJ son contrarias a derecho, porque los amparos no proceden contra reformas constitucionales. Todas estas suspensiones que se han venido otorgando son contrarias a derecho, primero, porque hay una disposición en la ley de amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales y las y los jueces la han inaplicado de manera automática”, señaló. Además, Sheinbaum consideró que es pertinente que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, solicite al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) manifestarse sobre los amparos interpuestos contra la elección del Poder Judicial. Es pertinente que el TEPJF pudiera manifestarse en torno a estos amparos”, afirmó. Más tarde, desde Tabasco, la titular del Ejecutivo federal aseguró: “El próximo 1 de junio de 202 vamos a elegir a jueces, magistrados y las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ése fue un mandato popular, así lo decidió el pueblo. Ya se votó, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación y la reforma al Poder Judicial va, porque hay que acabar con la corrupción en el Poder Judicial”. Mediante una consulta interna, juzgadores determinaron reactivar el paro nacional en contra de la reforma al Poder Judicial, pues consideran que no existen condiciones para retomar sus actividades y no han atendido sus demandas. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) informó que, con 809 votos a favor y 497 en contra, aprobaron mantener la suspensión parcial de labores jurisdiccionales. Hace una semana, magistrados y jueces federales decidieron levantar el paro y regresar a los órganos jurisdiccionales, respetando la decisión de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, tras los acontecimientos, como la entrega al Senado de las listas de plazas de magistrados y jueces federales, la remoción de juzgadores en una insaculación, los recientes ataques contra su labor y la falta de cumplimiento de acuerdos por parte del Consejo de la Judicatura Federal, la Jufed se vio en la necesidad de llevar a cabo una nueva consulta entre sus más de mil 700 agremiados. El actuar de estas autoridades se ha caracterizado por el incumplimiento de las determinaciones judiciales de suspensión dictadas por jueces federales en los juicios de amparo presentados para impugnar la regresiva e inconvencional reforma judicial aprobada”, destacaron en un documento. La organización hizo un llamado al gobierno federal a respetar las decisiones judiciales y reconsiderar sus acciones en pro del equilibrio de poderes y del respeto a las normas que rigen el Estado de derecho. Respecto de la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum a eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación de la reforma judicial, la Jufed afirmó, en un comunicado, que la mandataria “adelanta un incumplimiento de mandato suspensión ordenado por una jueza federal, discrecionalidad que la Constitución federal y su ley reglamentaria no reconoce para las autoridades responsables”. Agregó en un comunicado que no cumplir las determinaciones de jueces federales “se está convirtiendo en un ejercicio sistemático de no acatamiento a las suspensiones dictadas por el Poder Judicial de la Federación, que implica un grave riesgo para la protección de los derechos fundamentales de cualquier gobernado”. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante

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"En cualquier país democrático y que salvaguarda el Estado de derecho, las objeciones a las decisiones judiciales se controvierten agotando los medios de impugnación y no mediante amenaza de denuncias en contra del emisor”, subrayó. Con información de Excelsior.