ÉTICA. La temporada decembrina suele prestarse para gestos de convivencia institucional: balances del año, encuentros formales y mensajes que refuercen el sentido de responsabilidad pública. Por eso sorprende, y principalmente preocupa, que entre los servidores públicos de San Luis Potosí hayan circulado premios que no son menores, como vehículos nuevos entregados en una posada oficial. Más allá de la anécdota festiva, el hecho abre una discusión urgente sobre los límites éticos y legales que deben observar quienes ejercen cargos públicos.

Llama la atención que entre las y los ganadores figuren perfiles cuya labor ha sido objeto de cuestionamientos ciudadanos: una diputada local evaluada consistentemente entre las de menor desempeño legislativo. Con sueldos que superan con amplitud el promedio estatal, apareció celebrando premios cuyo valor económico difícilmente encaja con la idea de un “detalle de fin de año”. Y aquí es donde lo festivo deja espacio a lo institucional, ya que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos es explícita al prohibir aceptar donaciones, regalos o beneficios que puedan comprometer la integridad del cargo, sin importar si se entregan directa o indirectamente.

NORMALIZACIÓN DE LA IMPUNIDAD. La pregunta de fondo no es quién se llevó el automóvil, sino por qué seguimos normalizando prácticas que la legislación prohíbe con claridad. Un servidor público, por definición, debe evitar cualquier situación que pueda interpretarse como beneficio indebido o trato preferencial. Incluso cuando el contexto es una convivencia formal o una actividad protocolaria, el riesgo es evidente, ya que se genera una imagen de privilegio impropio, especialmente cuando los recursos para financiar estos eventos provienen del erario. Y si el dinero es público, la obligación de cuidar las formas y el fondo, es doble.

Resulta inevitable contrastar esta escena con la reciente indignación ciudadana por los intentos de aprobar aguinaldos desproporcionados en Villa de Pozos, el municipio potosino de más reciente creación. En ambos casos, la molestia social surge del mismo origen que es el uso de recursos públicos para fines que no corresponden al mandato de austeridad, eficiencia y rendición de cuentas. La ciudadanía observa, compara y concluye. Y aunque las motivaciones detrás de cada evento pueden diferir, el efecto en la confianza pública es el mismo: una sensación de distancia entre quienes gobiernan y quienes financian con su trabajo diario, y de manera obligada, todos estos ejercicios y gastos.

No se trata de exhibir nombres, sino de recordar una obligación irrenunciable: el servicio público no admite zonas grises.

¡Hasta mañana!