Lo ocurrido en Monterrey parece lejano si se mide en kilómetros, pero es brutalmente cercano en lo simbólico. Una mujer se arroja contra un vehículo en plena vía rápida y, en segundos, la tragedia deja de ser individual para volverse colectiva. No es solo una imagen viral ni un hecho extremo: es un recordatorio incómodo de cómo seguimos tratando la salud mental como un tema privado hasta que estalla en el espacio público.

El primer reflejo suele ser la compasión inmediata —necesaria, humana—, pero incompleta. Decir “tenía problemas” calma conciencias, aunque oculta lo esencial: la ausencia de prevención, de protocolos claros y de atención oportuna. ¿Cuántas alertas se ignoran antes de que una crisis termine así? ¿Cuántas veces se normaliza que alguien “anda mal” sin que el sistema actúe?

Hay otra historia que casi no se cuenta. La de la persona que iba al volante, que no eligió participar en esa escena y que ahora carga con un golpe que no provocó. El trauma, la incertidumbre legal, el miedo a manejar otra vez. Cuando no existen rutas claras de actuación, el costo emocional y material se traslada a terceros que tampoco tenían opción.

Aquí no se trata de buscar villanos fáciles, sino de señalar un vacío. La salud mental sigue fuera del radar de la política pública cotidiana: pocos servicios accesibles, escasa intervención en crisis y policías sin herramientas suficientes para contener situaciones así. Todo se resuelve después, cuando el daño ya está hecho.

Tal vez la pregunta incómoda sea ésta: ¿Vamos a seguir reaccionando solo cuando hay sangre en el asfalto? Hablar de salud mental como asunto público no es quitarle dignidad a nadie; es evitar que una crisis personal se convierta en una tragedia compartida. Mientras no lo entendamos, el silencio seguirá siendo el primer golpe.

¡Hasta mañana!