A lo largo de la vida, el camino de una persona puede tener diversos giros o tomar ciertos rumbos, algunos, la mayoría, como consecuencia de nuestras propias acciones; otros, un tanto inesperados; pero hay unos que son tan abruptos, que salen de nuestro control y que dirigen nuestra vida a un sitio en el que jamás hubiésemos deseado estar. Tal es el caso de Sanjuana Maldonado Anaya, una mujer originaria de la localidad Charco Cercado en el municipio de Guadalcázar y que en el año 2009 fue detenida junto con otros tres hombres por agentes de la Policía Federal. La narrativa no puede más que evidenciar lo penoso del sistema legal en México por la cadena de injusticias en contra de Sanjuana, cuyo delito fue encontrarse, en contra de su voluntad, en el estacionamiento de una tienda de conveniencia donde la quisieron obligar a cobrar el dinero de un rescate a lo cual ella se negó. A los 15 años, Sanjuana Maldonado salió de su pueblo con el firme deseo de titularse en la carrera de Informática en el Tecnológico de Matehuala; quería superarse para sacar adelante a su familia. Conoció a un joven con quien mantuvo una relación amorosa, en la que desafortunadamente ella fue víctima de violencia física y psicológica; fue él quien la obligó a estar el 22 de mayo de 2009 en el lugar de los hechos con el fin de cobrar el dinero de un rescate, cosa a la que Sanjuana se negó. Dicho y hecho: el dinero jamás lo cobró Sanjuana. Lo que vino después fue tormentoso. Fueron detenidos y trasladados a la Ciudad de México, específicamente a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, pasó tres días encerrada y a pesar de no tener pruebas suficientes y después de 2 años, el juez a cargo, sin perspectiva de género y en un total abuso a los derechos de la joven, la sentenció a 30 años de prisión, cortando así sus sueños. Dentro de prisión, Sanjuana se enteró de la muerte de su padre, de abogados y licenciados que huían con cantidades que a su familia tanto esfuerzo le costaba juntar para poder hacer algo; pero se enteró también que organizaciones estaban manifestando su apoyo y emprendiendo acciones legales para que su libertad le fuera devuelta. Actualmente, Sanjuana cumple 15 años de prisión y está cerca de abandonar la prisión para reunirse con su familia, sus dos hijos y su actual marido a quien conoció mientras cumplía con la sentencia que le fue impuesta. Lo que resulta increíble, amables lectores, por si no fuera suficiente con la historia ya de por sí brutal en lo que respecta a la violación de derechos, es la opacidad, la falta de escrúpulos y el vergonzoso actuar de las autoridades mexicanas que, sin contar con pruebas, sentenciaron a una joven inocente, que le arrebataron ese último semestre para titularse y borraron los próximos 15 años que debió pasarlos rodeada de su familia, desarrollándose como profesionista, como mujer, como ciudadana, y no tras las rejas por un crimen que no cometió. Resulta aterradora la espera para ser juzgados, porque la historia de Sanjuana refleja lo lento del sistema legal en México y de la falta de pericia para ejecutar las investigaciones. El año 2009 fue el que más detenciones hubo a nivel nacional en las últimas dos décadas; fue un periodo marcado por la guerra contra el narcotráfico y parecía que al Estado le urgía que personas ingresaran a los penales. La historia de Sanjuana debe ser, no un golpe, un codazo de realidad para todos y exigir leyes que sean más ágiles y precisas al momento de aplicarse, pero también más justas, incluso siendo culpable de algún delito. Según datos del Inegi, en el año 2023, el 40% de los detenidos en cárceles federales y estatales no tiene sentencia. Si realmente queremos un cambio, deberíamos ser partícipes en las acciones para conseguirlo. Todo esto, todo esto ocurre en vísperas de lo que parece ser un debilitamiento claro más que una mejora urgente al Poder Judicial. ¡Lo que faltaba!