El papel que han desempeñado las bancadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del Partido del Trabajo (PT) y de Nueva Alianza en el Congreso del Estado roza lo vergonzoso. Al intentar descalificar y vetar públicamente un foro sobre Inteligencia Artificial organizado de manera independiente por periodistas, académicos y profesionales, con el respaldo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). La molestia de los congresistas no fue el uso de la tecnología ni la innovación regulatoria, sino el atrevimiento de la sociedad civil de titular uno de los paneles bajo una pregunta tan oportuna como incómoda: «¿Qué aprendimos de la Ley Serrano?». Que el análisis crítico de una normativa impulsada en sus propios pasillos desate una reacción iracunda en el recinto parlamentario habla de una clase política que no tolera la revisión ciudadana y que prefiere la sumisión del gremio al debate informado. Resulta indignante que un Poder Legislativo que dispondrá de un jugoso presupuesto superior a los 300 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal —del cual más del 80 por ciento terminará devorado en nómina, dietas y gasto corriente de personal— pretenda asumir el papel de censor del pensamiento libre. Es el mismo Congreso que acumula un penoso antecedente de decretos e iniciativas remendadas o revocadas en definitiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por inconsistencias técnicas e inconstitucionalidades manifiestas. Financiar con el dinero de las y los potosinos una tribuna pública para que sus integrantes la utilicen como garrote contra la academia, el periodismo y los profesionales independientes es una afrenta directa a la democracia.