En la política mexicana, los accidentes suelen ser demasiado oportunos. Durante casi cuatro años, la narrativa oficial sobre la muerte de Pedro Carrizales Becerra, "El Mijis", se mantuvo congelada en una camioneta calcinada a la orilla de una carretera en Tamaulipas. "Un percance vial", sentenciaron entonces cuatro fiscalías estatales con una prisa que, vista a la distancia, hoy parece más un pacto de silencio que una conclusión pericial. Sin embargo, el nos recibe con una noticia que sacude el polvo de ese expediente: la Fiscalía General de la República (FGR) finalmente ha decidido atraer el caso. Para Miriam, su pareja, y para la activista Frida Guerrera, no es solo un trámite burocráttico; es el primer "rayito de esperanza" en una búsqueda de justicia que ha sido, literalmente, una carrera de obstáculos por el norte del país.  El Mijis no era un político convencional. No vestía de traje, no hablaba con tecnicismos y sus tatuajes eran el mapa de un pasado que la "alta política" prefería ignorar. Pero era precisamente esa autenticidad lo que lo hacía peligroso. Tenía lo que muchos gobernadores y legisladores sueñan y nunca logran: territorio. Podía caminar por las colonias más peligrosas de San Luis Potosí y las puertas se le abrían. Esa cercanía con el pueblo, ese capital político genuino, lo convirtió en una figura incómoda tanto para la izquierda como para la derecha. La versión del accidente siempre tuvo fisuras.  Justicia para "El Mijis" es también justicia para un sistema político que se resiste a aceptar a quienes vienen desde abajo sin pedir permiso. Si su muerte fue realmente un asesinato disfrazado de tragedia vial, estaríamos ante un mensaje aterrador: en México, ser un "puente" entre la marginalidad y el poder sigue teniendo un costo mortal.