Hay gestos políticos que parecen cercanos, pero que, vistos con lupa, revelan prioridades desalineadas. El llamado “Mercadito del Bienestar” vuelve a colocarse en ese terreno incómodo donde la buena intención declarada convive con una pregunta central: ¿a qué le están dedicando tiempo y atención quienes fueron electos para legislar y gobernar? Porque aquí no hablamos solo de un programa social improvisado o de una jornada de abasto. Hablamos de un diputado local y un regidor municipal encabezando, promoviendo y operando actividades que, en los hechos, los alejan de sus funciones sustantivas. Mientras se montan mesas, se acomodan productos y se posan para la foto comunitaria, quedan en segundo plano las tareas para las que sí tienen mandato: legislar, fiscalizar, debatir políticas públicas y atender problemáticas estructurales desde el marco institucional. El desvío de atención no es menor. Un diputado puede visitar su distrito, escuchar demandas y gestionar apoyos; un regidor puede acompañar acciones comunitarias. Pero cuando esa presencia se convierte en eje operativo de un esquema de abasto —sin reglas claras, sin estructura formal y sin transparencia— ya no estamos ante representación, sino ante sustitución de funciones. Y eso, más que cercanía, refleja una renuncia silenciosa a lo verdaderamente importante. Hay además un componente político imposible de ignorar. El “Mercadito” se presenta como programa social, pero opera fuera de los lineamientos del esquema federal de Tiendas del Bienestar, que exige comités, asambleas, capacitación y corresponsabilidad comunitaria. Esta versión exprés, flexible y sin trámites visibles, resulta ideal para el lucimiento personal: rápida, replicable y altamente rentable en términos de imagen. El riesgo es que la política social se degrade a escenografía. Y mientras el foco se coloca en la bolsa de arroz más barata, alguien más empieza a pagar el costo: los comerciantes establecidos. Tiendas, abarrotes y pequeños negocios que cumplen horarios, pagan impuestos, licencias y servicios compiten de pronto con un modelo informal, respaldado políticamente y sin obligaciones claras. No es solo competencia desleal; es un mensaje contradictorio desde el poder: cumplir la ley parece menos relevante que aparecer en la foto correcta. Lo que no se dice es lo más revelador. No se explica cómo se financia el mercadito, cuánto dura, quién lo supervisa ni qué pasa cuando el diputado y el regidor se van. Tampoco se aclara si esta modalidad responde a la incapacidad del programa federal para llegar a tiempo o a la conveniencia política de operar sin reglas. En ambos casos, la señal es preocupante. Al final, la pregunta no es si vender productos baratos es bueno o malo. La pregunta es si quienes hoy encabezan la venta de productos y artículos comerciales bajo el esquema, están dejando de cumplir con la responsabilidad institucional que les fue conferida. Porque cuando la atención se desvía, la política social se vuelve utilería y la ley se vuelve opcional, el verdadero bienestar —el duradero— es el primero en quedar fuera del mercado.