Más de la mitad de la población en México trabaja en la informalidad. En términos simples, millones de personas carecen de acceso a seguridad social. San Luis Potosí no es ajeno a esta realidad. Basta observar el Centro Histórico: hace apenas dos años se contabilizaban alrededor de mil 400 negocios; hoy la cifra ronda los dos mil. El comercio crece, sí, pero también lo hace una economía que opera sin red de protección. 

El tema es de matices. Por un lado, se trata de personas que han dedicado toda su vida al comercio, muchas veces a través de microempresas heredadas entre familiares. Dar el salto a la formalidad —adaptarse a jerarquías, cumplir horarios industriales y asumir nuevas dinámicas laborales— no resulta atractivo para todos. Sin embargo, la otra cara del fenómeno está en las prestaciones: acceso a salud, estabilidad económica y vivienda. No son beneficios extraordinarios ni propios del primer mundo, pero sí elementos que marcan una diferencia notable conforme avanzan las etapas de la vida. 

Existe también una cultura de conformismo que no debe entenderse como desinterés, sino como una adaptación a la supervivencia cotidiana. Vivir al día dificulta dimensionar riesgos mayores. Una gripa puede resolverse con un analgésico; el verdadero problema aparece con una apendicitis, una prótesis o una terapia intensiva. Ahí, la informalidad deja de ser una elección y se convierte en una barrera crítica. 

Si quienes cuentan con seguridad social ya enfrentan sistemas saturados y atención deficiente, basta pensar en la situación de quienes deben cubrir de su propio bolsillo servicios médicos en instituciones privadas o, en muchos casos, no pueden acceder a una vivienda propia. 

Tampoco resulta sencillo convencer a la población en la informalidad de que la formalidad es un bien económico común. Con frecuencia se perciben como suficientes un buen día de ventas o una temporada alta, como la de fin de año. El problema es que esos picos de ingreso no contribuyen a la construcción de una vida digna ni al fortalecimiento del tejido social. Sin eximir de responsabilidad a las administraciones públicas, una mayor formalización permitiría contar con más recursos para robustecer los servicios de salud, seguridad y bienestar. 

Desde luego, cada persona es libre de decidir si se dedica al comercio o se integra a la industria o a la manufactura. No obstante, aquí surge un punto clave: los gobiernos deben contar con herramientas y estrategias eficaces para formalizar, de manera gradual, a los sectores informales, garantizando condiciones mínimas para una vida digna. 

A ello se suma otra capa del problema: una parte significativa de la informalidad es ejercida por trabajadores formales. Maestros, enfermeras, ingenieros, profesionistas y trabajadores de oficio buscan ingresos adicionales ante una economía que no alcanza. Además, aunque las micro, pequeñas y medianas empresas representan el músculo más cercano al ciudadano de a pie, continúan sin recibir el apoyo firme y sostenido necesario para crecer y fortalecer el aparato económico de las ciudades y del país. 

La informalidad permite sobrevivir, pero rara vez permite planear. No es solo una forma de subsistencia, sino el síntoma de un modelo económico que normalizó la precariedad. Mientras no se construyan mecanismos reales y graduales para integrar a millones de personas a la formalidad, el país seguirá creciendo hacia afuera, pero debilitándose por dentro. El costo no se paga de inmediato, pero siempre llega: en hospitales saturados, pensiones inexistentes y ciudades que trabajan mucho, pero avanzan poco.