Desde la educación primaria nos inculcan que la función esencial del Poder Legislativo es representar la voluntad popular y elaborar leyes orientadas al bienestar general. Sin embargo, la brecha entre la teoría cívica y la praxis legislativa en México es cada vez más amplia. La aplicación de la "Nueva Ley de Audiencias" es solo la muestra más reciente de un fenómeno recurrente: la tentación del gobierno por la sobrerregulación y la preocupante apatía de los legisladores al momento de votar.

Es innegable que toda regulación que busque proteger a las audiencias y garantizar el derecho a la información debe evaluarse con serenidad. Al final del día, los medios de comunicación acatarán el marco legal vigente, asumiendo con responsabilidad el cumplimiento de la norma como siempre lo han hecho. No obstante, bajo el discurso protector de garantizar contenidos "dignos", "aptos" o "equilibrados", se esconde un mecanismo gubernamental que sobrepasa los límites razonables de la intervención estatal. La sobrerregulación no promueve la libertad.

Lo verdaderamente alarmante no es solo el apetito del Ejecutivo por regular, sino la ligereza con la que el Legislativo procesa estas iniciativas. Viendo la prisa y el dogmatismo con el que se aprueban dictámenes de enorme trascendencia jurídica y social, surge una pregunta inevitable: ¿los diputados de verdad leen lo que están aprobando?

No se trata de un cuestionamiento retórico. Cuando observamos marcos normativos ambiguos, como la controvertida "Ley Antimeme" —que en su momento intentó criminalizar la sátira y el humor en entornos digitales bajo la premisa de combatir la difamación— o las inconsistencias técnicas de la nueva regulación de audiencias, queda al descubierto un patrón: leyes aprobadas "al vapor", motivadas por agendas políticas coyunturales y no por un análisis técnico riguroso que realmente sirvan a la población.

México enfrenta desafíos estructurales en materia de seguridad, economía, salud y educación que exigen marcos jurídicos modernos, inteligentes y aplicables. En su lugar, el aparato legislativo invierte recursos y tiempo en iniciativas hiperreguladoras que restringen el espacio público y sobrecargan a los sectores productivos y de comunicación.

Si los legisladores recuerdan lo que nos enseñan desde la infancia sobre el espíritu de la representación popular, deberían hacer una pausa en el camino. Los ciudadanos no necesitan leyes diseñadas para complacer inercias de poder ni marcos punitivos disfrazados de protección. México requiere leyes sólidas, viables y verdaderamente necesarias.