Cuatro años han pasado desde que se debió legislar para proteger las condiciones de movilidad en San Luis Potosí. Cuatro años en los que no se ha legislado para mejorar lo que tanto necesitamos, mejor movilidad en la zona Metropolitana.

La llamada Ley Santi sigue atrapada en el laberinto de la omisión legislativa, un espacio gris donde las prioridades de los diputados parecen ser cualquiera, menos el bienestar de la población en general, porque todos somos peatones, todos recorremos las avenidas, todos hemos sufrido y padecido la falta de legislación en la materia.

 La congeladora legislativa potosina no es un mito; es un depósito de deudas con las iniciativas ciudadanas que duermen el sueño de los justos, esta legislatura más preocupada por aprobar lo que manda la Presidencia de la República. Sus antecesores no fueron diferentes, todo lo mandaba el que hoy reside en el rancho 'La Chingada'.

Mantener esta ley en la parálisis por 48 meses no es solo burocracia, es complicidad institucional por omisión. . El Poder Legislativo tiene una oportunidad para transitar a la eficiencia legislativa, aunque pareciera muy lejano este escenario.