Hay crisis que hacen ruido desde el primer día y hay otras que avanzan en silencio, casi con la discreción de lo cotidiano, hasta que un día ya están en todas partes. Lo del gusano barrenador en San Luis Potosí pertenece a la segunda categoría. Empezó como una alerta técnica, de esas que suelen quedarse atrapadas entre boletines, ventanillas y lenguaje veterinario, pero hoy ya es un problema que huele a dinero perdido, a producción frenada, a salud comprometida y, sobre todo, a una pregunta incómoda: ¿por qué se dejó crecer tanto?

Y es que no estamos hablando de un detalle menor del sector agropecuario. Estamos hablando de una plaga que ya impacta directamente a la Huasteca, que compromete la movilidad del ganado, que pone en pausa operaciones comerciales y que amenaza con arrastrar a toda una cadena productiva. Cuando el ganado no se mueve, no solo pierde el productor. Pierde el transportista, pierde el introductor, pierde el pequeño comerciante, pierde el rastro, pierde el mercado y, tarde o temprano, pierde también el consumidor. El campo nunca se cae solo; cuando tropieza, arrastra media economía detrás.

Y aun así, durante años se le ha tratado como si fuera un asunto periférico, casi decorativo dentro de la conversación pública. Se presume al campo en discursos, se le homenajea en ferias, se le aplaude en campañas, pero cuando toca blindarlo con sanidad, vigilancia, personal técnico, presupuesto y reacción temprana, entonces la urgencia se diluye. Ahí está el verdadero fondo del problema: no solo apareció una plaga, también quedó al descubierto lo frágil que sigue siendo el andamiaje institucional que supuestamente debía evitar que esto escalara.

Lo más preocupante es que el gusano barrenador no es un enemigo nuevo ni desconocido. Su comportamiento, sus riesgos y su impacto están más que documentados. Se sabe cómo opera, se sabe cómo se dispersa y se sabe lo costoso que resulta subestimarlo. Por eso el argumento de la sorpresa ya no alcanza. Aquí no hubo un fenómeno imprevisible; hubo una amenaza conocida frente a una capacidad de contención que claramente no estaba al nivel. Y cuando eso pasa, la discusión deja de ser sanitaria para volverse política y administrativa.

Hoy se habla de centros de operaciones, de coordinación entre instancias, de control biológico, de brigadas y de atención permanente. Todo eso suena bien, y probablemente era necesario. Pero también llega tarde para quienes ya están perdiendo dinero todos los días. El productor que hoy no puede comercializar su ganado no vive de declaraciones, vive de la operación real. Y en el campo, una semana de restricción no se mide en comunicados, se mide en alimento, en salarios, en tratamientos, en deudas y en decisiones difíciles que nadie compensa de inmediato.

Además, hay una parte de esta crisis que suele pasar de puntitas y que debería estar mucho más al centro de la conversación: el tema de salud pública. Cuando una plaga de este tipo ya no solo afecta animales, sino que también alcanza a personas, el problema cambia de escala. Ya no se trata únicamente de proteger la productividad pecuaria; se trata de proteger condiciones básicas de bienestar en comunidades donde la cercanía entre actividad ganadera, vida cotidiana y acceso limitado a servicios de salud hace que cualquier brote mal contenido se vuelve doblemente delicado.

También es importante mencionar que la estadística sanitaria no siempre refleja toda la realidad en tiempo real. Entre el subregistro, el miedo a inmovilizaciones, la falta de reportes inmediatos y la desconfianza de algunos productores hacia la autoridad, es perfectamente posible que el problema en campo sea más amplio o más dinámico de lo que se reconoce públicamente en cada corte. Y esa brecha entre el dato oficial y la percepción real en territorio es justamente la zona donde las crisis se vuelven más difíciles de controlar.

Aquí también hay un impacto geoeconómico que no debería minimizarse. San Luis Potosí no vive aislado del mercado pecuario nacional ni de las exigencias internacionales en materia sanitaria. Cada brote mal contenido, cada retraso en la respuesta, cada señal de debilidad en vigilancia o trazabilidad pesa cuando se trata de mantener confianza comercial. El gusano barrenador no solo muerde animales; también muerde reputación productiva. Y en un estado que presume vocación logística, agroindustrial y exportadora, eso no es un detalle técnico: es una amenaza directa a su competitividad.

Lo más duro de aceptar es que esta situación no se explica únicamente por la biología de una mosca, sino por la biografía de muchas omisiones. Recortes, prevención intermitente, capacidades limitadas, atención desigual por regiones y una vieja costumbre institucional de reaccionar cuando la presión ya es pública. Así se incuban estas crisis: no en un solo error, sino en una cadena de pequeñas negligencias acumuladas que nadie quiso asumir a tiempo. Y cuando finalmente estallan, todos corren a administrar el daño que antes nadie quiso prevenir.

San Luis Potosí todavía está a tiempo de contener el impacto mayor, pero para eso hará falta algo más que operativos de emergencia y declaraciones tranquilizadoras. Hará falta asumir que el campo no puede seguir tratado como la última prioridad hasta que se convierta en problema. Porque cuando una plaga logra paralizar comercio, comprometer salud y exhibir debilidad institucional al mismo tiempo, ya no estamos frente a una contingencia aislada. Estamos frente a una advertencia seria de lo que pasa cuando el abandono se vuelve política pública.

¡Hasta mañana!