Y tal cual.

Dentro de los tantos contratos o convenios que el gobierno carrerista firmó -junto con el gobierno federal- para obras, una de ellas fue la del Aeropuerto de Tamuín. Cuyo proyecto está destinado a engrandecer su pista y lograr consolidarlo como un recinto de primer nivel que pueda recibir aviones de gran calado y detonar el turismo. En 2019 se signó un documento entre el gobierno federal (la SCT, Sectur y  Aeropuertos y Servicios Auxiliares) con Juan Manuel Carreras y sus respectivas dependencias de SCT y Turismo, a fin de llevar a cabo la ampliación de la pista y la modificación a la torre de control de dicho puerto aéreo.

Para el tema de la pista se buscaron predios vecinos -cerca de 70 hectáreas- que sirvieran para su ampliación. Los vecinos -particulares- eran por un lado el Rancho “La Jarrilla” de la familia de Gastón Santos y por otro, un predio en manos de la familia Gutiérrez del grupo cárnico GUSI. Por razones poco claras el gobierno carrerista optó por el segundo, pagando a la familia Gutiérrez un precio por 70 hectáreas de 56 millones 784 mil 105 pesos

Y poco claras, ya que por lógica se pensaría en comprar un predio que se encuentre en regla y fuera de todo problema legal. Al contrario, que cuente con la certeza jurídica óptima. No fue así.

Dicho terreno, que estaba en posesión de la familia Gutiérrez, ni en optima legalidad -por un litigio con la familia Santos- y menos con óptima viabilidad física. El gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Aeropuertos y Servicios Auxiliares junto con la Secretaria General de Gobierno dan a conocer una irregularidad llena de lodo. Y literalmente. Aparte las irregularidades económicas que pudieran detectarse, las físicas son una verdadera vileza que el gobierno carrerista hizo al gobierno federal.

Le compró un predio en zona fangosa. Las márgenes cercanas que se tiene con el Río Choy le dan vida a esta problemática en los terrenos cercanos. Si no lo sabían es ignorancia, si lo sabían es omisión. En ambos casos debe haber responsables y consecuencias.

El desembolsar dinero público a propósito y con un conocimiento pleno de sus condiciones inservibles es un engaño. Un vil engaño. Una obra carrerista más hundida en el lodo. Y literal: ¡en el fango!