La tarea legislativa de poner en marcha su maquinaria y darle vida a la “Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, va de la mano con lo que siempre hemos escuchado cuando se habla de crear un órgano fiscalizador, en cualquier rubro. Plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación, persecución y acusación de los hechos delictivos que se prevén en el renglón para esta fiscalía y que contará con los agentes, policías, peritos, técnicos y un sinfín de burócratas que gozaran de plenitud en los recursos financieros y materiales que se requieran. Lo clásico de siempre.

Todo ello girando alrededor de la llamada figura del Fiscal Especializado.

Repetimos, nada nuevo. Y no se trata de que nos sorprendemos.

Se trata de que estas entidades siguen adoleciendo de algo tan básico como su mismo espíritu lo indica: autonomía. Mientras no se tenga una clara certeza de su independencia frente a los entes de gobierno, estatal o federal, seguirá navegando en el mismo barco de la dependencia poderosa que marca un hombre: el ejecutivo. Y todavía peor. Si el sistema de justicia sigue adoleciendo de una brutal incapacidad de garantizarla. Fiscalías, oficinas, especialistas y nombres que resuenan en las primeras planas de la fotografía y el aplauso fácil de demostrar que están trabajando y que ahora sí se hará justicia a tantos a quienes se les ha arrebatado, seguirán siendo nada, absolutamente nada. Hasta el lunes…