SAN LUIS POTOSÍ.— La Fiscalía General de la República desmanteló dos centros presuntamente dedicados al procesamiento ilícito de hidrocarburos en San Luis Potosí, donde aseguró hasta 640 mil litros de petrolíferos, casi 900 contenedores, 26 tanques y dos líneas de producción en inmuebles de la capital y Villa de Reyes. El operativo confirma que la entidad no sólo ha sido utilizada como punto de tránsito y almacenamiento dentro de las redes nacionales de contrabando de combustible, sino también como plataforma para su procesamiento y redistribución. De acuerdo con el Comunicado 506/26 de la FGR, uno de los inmuebles fue localizado en el municipio de San Luis Potosí, luego de denuncias anónimas que alertaron sobre el ingreso constante de autotanques a una nave industrial. Durante el cateo fueron asegurados entre 500 mil y 600 mil litros de petrolíferos, ocho tanques con capacidad aproximada de 80 mil litros cada uno, ocho cilindros horizontales sin identificación, seis cilindros verticales y 894 contenedores con capacidad de mil litros. También se localizaron una máquina asfaltadora, generadores eléctricos diésel, una máquina roscadora para tubería, equipo de cómputo, documentación, una camioneta tipo pick-up y 40 cinchos de seguridad para escotillas de pipas. La capacidad instalada en ese inmueble superaba ampliamente el volumen de combustible encontrado. Solamente los ocho tanques y los 894 contenedores podían almacenar alrededor de un millón 534 mil litros, sin contar los cilindros verticales y horizontales. El segundo centro fue localizado en Laguna de San Vicente, perteneciente al municipio de Villa de Reyes. En ese predio, la Fiscalía aseguró 18 tanques verticales, dos líneas de producción de hidrocarburos, aproximadamente 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, una muestra de ácido sulfúrico, frascos con características de hidrocarburo y documentación relacionada con las operaciones. La existencia de líneas de producción y sustancias químicas amplía el alcance del caso. No se trataba únicamente de instalaciones para recibir o almacenar combustible, sino de infraestructura presuntamente utilizada para acondicionar, mezclar o transformar hidrocarburos antes de su comercialización. Los cateos fueron coordinados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Pemex Logística, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos. La FGR no informó de personas detenidas, tampoco reveló los domicilios exactos, propietarios, arrendatarios o razones sociales vinculadas con los inmuebles. De los puertos a San Luis

Los aseguramientos se suman a una cadena de investigaciones que desde 2025 han colocado a San Luis Potosí dentro de las rutas maestras utilizadas para introducir y distribuir combustible ilegal procedente del norte del país. En marzo de 2025, autoridades federales aseguraron en el puerto de Tampico el buque Challenge Procyon, relacionado con una red que introducía diésel mediante documentación aduanera presuntamente falsa. La FGR reportó el decomiso de aproximadamente 10 millones de litros de diésel, además de tractocamiones, autotanques, documentación aduanera e infraestructura de almacenamiento. Una investigación de N+ Focus reveló posteriormente que parte del combustible descargado en Tampico habría sido trasladado a San Luis Potosí, entidad considerada por las autoridades como una de las bases terrestres principales de operación de esa red. Según ese reporte, el combustible era movilizado por empresas transportistas y almacenado en instalaciones desde las cuales podía ser redistribuido a diferentes mercados. La investigación federal identificó entre los operadores logísticos a Mefra Fletes, Enerpol, Autolíneas Roca y Transportes Especializados AMOL. Sin embargo, hasta ahora no existe información pública que vincule directamente a esas compañías con los dos inmuebles asegurados en San Luis Potosí. La ruta de los ferrotanques

El componente ferroviario reforzó posteriormente la posición de San Luis Potosí dentro del mapa nacional del huachicol fiscal. El 8 de julio, el Gabinete de Seguridad informó que la FGR había asegurado 170 ferrotanques con 18 millones 900 mil litros de hidrocarburos en operaciones realizadas nuevamente en San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Tampico y Coahuila. La afectación económica calculada para la organización investigada fue de 238 millones 818 mil pesos. La Fiscalía señaló que permanecían abiertas líneas de investigación contra más de 70 personas físicas y morales con operaciones detectadas en nueve entidades siendo estas la mayoría en San Luis Potosí . En ese mismo comunicado, la dependencia sostuvo que la investigación ya no se limitaría a decomisar combustible, sino que buscaría identificar y desmantelar “las estructuras financieras, empresariales y logísticas” que hacen posible el contrabando. La FGR también anunció que seguiría la ruta del dinero, identificaría a las empresas utilizadas para simular operaciones y procedería contra importadores, operadores ferroviarios, transportistas, distribuidores y servidores públicos presuntamente involucrados. De nodo logístico a centro de procesamiento

Los aseguramientos conocidos hasta julio ubicaban a San Luis Potosí como estación terrestre y ferroviaria dentro de una ruta que comenzaba en puertos y aduanas del norte. Los cateos anunciados ahora modifican ese diagnóstico. La presencia de tanques industriales, cientos de contenedores, autotanques, sellos para pipas, equipo informático, sustancias químicas y líneas de producción muestra que en la entidad también existía infraestructura para recibir, procesar y preparar hidrocarburos antes de su redistribución. La FGR no ha establecido formalmente que los dos centros formen parte de la misma red investigada por el contrabando de combustible desde Tampico o por el uso irregular de ferrotanques. Sin embargo, el tipo de infraestructura localizada coincide con la fase terrestre descrita por la propia Fiscalía para las redes de huachicol fiscal: recepción del combustible, almacenamiento clandestino, mezcla con producto de origen legal, alteración de su trazabilidad y posterior venta a clientes industriales o estaciones de servicio. La dimensión de las instalaciones también abre una línea de investigación sobre la participación de operadores locales. El movimiento permanente de pipas, la operación de maquinaria industrial, la instalación de líneas de producción y el manejo de cientos de miles de litros requieren inmuebles, transporte especializado, energía, personal, documentación, clientes y canales de comercialización. Hasta ahora, la Fiscalía no ha identificado públicamente a los empresarios, transportistas, distribuidores o compradores que pudieron participar en esa cadena. Estados Unidos sigue el dinero

La investigación mexicana coincide con una ofensiva emprendida por autoridades de Estados Unidos contra las estructuras financieras y empresariales vinculadas con el contrabando de hidrocarburos. El 30 de junio, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente relacionadas con esquemas de contrabando de combustible ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación. La Oficina de Control de Activos Extranjeros y FinCEN señalaron que estas organizaciones utilizan comercializadoras, empresas de transporte, compañías fachada, documentos aduaneros falsos y redes de estaciones de servicio para introducir y vender combustible sin pagar los impuestos correspondientes. FinCEN informó que, durante los 12 meses posteriores a una alerta emitida en 2025, recibió más de 160 reportes de operaciones sospechosas que involucraban movimientos por más de 7 mil millones de dólares, principalmente entre México y Estados Unidos. El Departamento del Tesoro sostuvo que, dentro de esos esquemas, comercializadoras mexicanas adquieren combustible de distribuidores estadounidenses, lo trasladan mediante pipas, ferrotanques o buques y posteriormente lo colocan en patios de almacenamiento controlados por las organizaciones. Desde esos centros, el producto puede ser vendido mediante estaciones de servicio afiliadas, expendios no regulados o clientes industriales. La autoridad estadounidense también advirtió que sus investigaciones no se concentrarán únicamente en los integrantes de organizaciones criminales, sino en los intermediarios financieros, empresarios, transportistas, comercializadoras y gasolineros que faciliten la incorporación del combustible ilícito al mercado formal. En México, el Gabinete de Seguridad ha señalado en el mismo sentido que la ofensiva contra el huachicol fiscal entró en una nueva etapa, dirigida a desarticular las redes empresariales y financieras que sostienen el negocio. Los dos centros asegurados en San Luis Potosí proporcionan ahora documentación, equipos de cómputo y registros operativos que podrían permitir a la FEMDO reconstruir proveedores, transportistas, compradores, cuentas bancarias y destinos finales del combustible. La investigación comenzó en puertos, aduanas y corredores ferroviarios del norte. Ahora llegó a las instalaciones donde el combustible presuntamente era recibido, procesado y preparado para regresar al mercado. En San Luis Potosí, la ruta dejó de ser solamente de paso.