Un tribunal federal de California resolvió que la administración del presidente Donald Trump violó la Ley Posse Comitatus al enviar a miembros de la Guardia Nacional y a marines en servicio activo a Los Ángeles a comienzos del verano, en respuesta a protestas contra operaciones de control de inmigración. En un fallo de 52 páginas, el juez de distrito Charles R. Breyer concluyó que el despliegue contravino la prohibición histórica de emplear a las Fuerzas Armadas en funciones de aplicación de la ley interna. El dictamen impide a la administración utilizar a la Guardia actualmente desplegada en California y a cualquier tropa militar en el estado con fines de aplicación de la ley civil. Breyer describió en su resolución el patrón de uso de personal castrense para tareas propias de policía: “Las pruebas presentadas en el juicio establecieron que los acusados utilizaron sistemáticamente soldados armados (cuya identidad a menudo se ocultaba tras blindaje) y vehículos militares para establecer perímetros de protección y bloqueos de tráfico, controlar multitudes y, de otro modo, demostrar presencia militar en Los Ángeles y sus alrededores”. Y agregó: “En resumen, los acusados violaron la Ley Posse Comitatus”.

La orden limita expresamente la participación de miembros del servicio en arrestos, aprehensiones, registros, incautaciones y control de tráfico y multitudes. La decisión llega tras un juicio de tres días en el caso que el gobernador Gavin Newsom presentó en junio, luego de que el presidente anunciara el envío de contingentes de la Guardia Nacional de California a Los Ángeles para “sofocar” protestas surgidas en respuesta a los operativos de control migratorio en la zona. La corte consideró que la actuación descrita por el estado —con soldados estableciendo perímetros y puntos de control— rebasó los márgenes legales. La Ley Posse Comitatus, vigente desde 1878, prohíbe el uso de tropas federales para la ejecución de leyes domésticas, salvo que el Congreso lo autorice de manera expresa o medie una excepción estatutaria. A lo largo de su historia, el principio ha sido entendido como un resguardo frente a la militarización de funciones civiles. En su presentación, el gobierno de California sostuvo que el despliegue ubicó a soldados y marines en funciones policiales directas, vulnerando la norma. La defensa federal, por su parte, alegó que las fuerzas no “aplicaban la ley” sino que apoyaban a agentes federales en la protección de personal e instalaciones, argumento que el tribunal no acogió al valorar los hechos y el alcance real de las tareas realizadas sobre el terreno.

En el caso de Los Ángeles, el juez observó que la demostración de fuerza y la gestión de multitudes con personal militar excedieron ese umbral. El fallo restringe el uso presente y futuro de la Guardia Nacional y de cualquier tropa militar para tareas de orden público en California, y marca un precedente de alto perfil en la disputa sobre los límites del poder presidencial para recurrir a fuerzas armadas en contextos de protesta interna. Si bien la administración argumentó la necesidad de contener disturbios y proteger activos federales, el tribunal consideró que las medidas adoptadas equivalieron a aplicar la ley con medios militares. La resolución también deja claro que, aun cuando los objetivos oficiales apunten a la seguridad, el método empleado debe respetar la separación entre funciones militares y policiales. Para el estado demandante, encabezado por Newsom, la sentencia valida su posición de que el despliegue no puede servir para operativos de vigilancia, bloqueos o control de multitudes en escenarios de protesta.

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De cara a los siguientes pasos, la administración puede apelar la decisión. En casos recientes, tribunales federales han evaluado con escrutinio la línea divisoria entre asistencia logística o de protección y aplicación activa de la ley por parte de personal militar. Con información de Excélsior.