Entre los resultados de las auditorías a las Cuentas Públicas 2023 de los Municipios potosinos, las faltas más graves corresponden a la obra pública, ya que un porcentaje importante de ésta es “fantasma”, pues al momento de las inspecciones físicas no fueron localizadas, así lo informó el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López. Otro de los hallazgos obtenidos se refiere a proveedores no localizados en sus domicilios fiscales; incluso, como procedimiento de auditoría el personal del IFSE viajó a las ciudades del país registradas como tales, sin resultado alguno en las búsquedas. Sin embargo, los exfuncionarios públicos municipales disponen todavía de 30 días hábiles para presentar la documentación y aclaraciones que consideren pertinentes, y de este modo desahogar las observaciones por estos conceptos. En relación con los resarcimientos económicos, las cantidades mayores se obtuvieron de exfuncionarios de primer nivel –por lo menos uno en cada municipio-, sin el perfil que la ley establece para ser contratados; en este caso, el sueldo devengado se convierte en desviación de recursos y es necesario reintegrarlo. Asimismo, Rodrigo Lecourtois reveló que el IFSE recientemente puso en operación una Línea de Denuncia digital amigable y sencilla en su página oficial de internet, con el propósito de facilitar a la población este tipo de trámite y promover la cultura de denuncia entre la ciudadanía. “Solo debemos tener en cuenta que las denuncias deberán estar fundadas con documentos y evidencias que presuman el manejo irregular de recursos públicos o de su desvío, tal como la Ley lo pide”. En este sentido, el titular del organismo fiscalizador invitó a la ciudadanía, ya sean personas trabajadoras de un ente auditable, miembros de algún Comité de Contraloría Social o Participación Ciudadana, proveedores, contratistas o cualquier otro ciudadano o ciudadana, a que visiten el sitio https://www.ifseslp.gob.mx/linea-de-denuncia.php, exploren el instrumento digital y ejerzan su derecho a denunciar presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública o patrimonio de los entes públicos, siguiendo los procedimientos de ley ahí señalados.

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Finalmente, Lecourtois López aclaró que las denuncias procederán al tratarse de desvío de recursos públicos; irregularidades en su captación, manejo y utilización; actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras, contratación y prestación de servicios, adquisición de bienes, entre otros; e inconsistencias en la información financiera o programática de cualquier entidad fiscalizada.