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Se puede obtener una pena de hasta 22 años de prisión
01:52 viernes 30 mayo, 2025
San LuisA lo largo del primer semestre del 2025, varias de las reformas que se han vendido a la ciudadanía en materia penal entran dentro de lo no necesario o vienen de otro tipo de propuesta de otro estado y con ello solamente ponen en riesgo la certeza jurídica que tienen las y los potosinos de ser sancionados en una normatividad penal que sea clara, sencilla, pero también técnica y especializada, lo cual no sucede con la reciente aprobación de la ley antihalconeo, señaló en entrevista para Imagen Informativa, Claudia Espinoza Almaguer, maestra en política criminal y en derecho procesal penal acusatorio.
"La modificación que se hizo es sobre un delito que ya existía, que se llama deslealtad al empleo, cargo o comisión", puntualizó.
El cual, aseguró, "va dirigido específicamente a personas que trabajen, que sean policías, custodios, etcétera", mismos que se buscaba que no mantuvieran comunicación con sus equipos o medios de trabajo, sobre circunstancias de actividades delictivas o incluso informar las operaciones que se llevan a cabo como parte de algún operativo.
Sin embargo, aseguró que actualmente se estaría utilizando una "jerga delincuencial dentro del código penal, a partir del denominado delito contra la seguridad pública", el cual, aseguró, es sumamente confuso y contienen muchos supuestos en su redacción, además de que establece que sucede contra una persona particular y ya no necesariamente algún policía que obstruya u obstaculice o facilite la ejecución de otro delito a través del uso de un dispositivo o medio.
Aseguró que al ser sumamente vago, la autoridad podría incluir cualquier tipo de dispositivo o medio que le parezca sospechoso, aun cuando estos puedan ser herramientas de trabajo para actividades no delictivas.
"El ofendido es el Estado, la multa va por arriba de 130 mil pesos", añadió.
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Además de que se puede obtener una pena de hasta 22 años de prisión, con lo cual los periodistas que siguen de cerca el trabajo que realizan las corporaciones de seguridad podrían tener grandes problemas para realizar su labor periodística.